Tengo 55 años y vivo en Pamplona. He nacido y crecido viendo una Navarra que sentía como mi casa. Sin embargo, desde hace un tiempo miro a mi alrededor y tengo una sensación que jamás pensé que tendría que expresar: no reconozco mi país y, cada vez menos, reconozco mi propia tierra.

Trabajo ocho horas al día, de lunes a viernes. Como tantos navarros, he trabajado durante décadas, he pagado mis impuestos y he intentado salir adelante sin pedir nada a nadie. Después de 55 años he conseguido comprarme un piso. No me lo ha regalado nadie. Lo pagaré con mi trabajo, mes tras mes, haciendo cuentas y asumiendo el esfuerzo que supone para cualquier trabajador. Por eso me cuesta comprender determinadas prioridades de nuestras administraciones. En Navarra se están destinando recursos públicos a ampliar la acogida de menores migrantes no acompañados. En 2025 se anunció en Pamplona un nuevo Centro de Observación y Acogida con 25 plazas, que se sumaban a otras 25 creadas en tres recursos de menor tamaño en la comarca. En 2026 el Gobierno de Navarra ha continuado desarrollando centros, recursos residenciales y programas de acogimiento.

No discuto que un menor desamparado necesite protección. Una sociedad civilizada debe proteger a un niño que realmente está solo. Lo que cuestiono es que los ciudadanos no recibamos explicaciones suficientemente claras sobre cuánto cuesta este sistema, hasta dónde puede crecer, cuáles son sus resultados y qué controles existen.

También me pregunto dónde queda el ciudadano que lleva toda una vida contribuyendo. ¿Dónde están esas facilidades cuando un joven navarro no puede independizarse? ¿Dónde están cuando una familia trabajadora no llega a fin de mes? ¿Cuándo alguien espera meses determinadas ayudas? ¿Cuándo nuestros mayores necesitan atención? ¿Cuándo una persona lleva décadas trabajando y todavía tiene que hacer enormes sacrificios para poder pagar una vivienda?

La solidaridad es necesaria, pero los recursos públicos no son infinitos. Proceden del esfuerzo de los ciudadanos y, precisamente por eso, tenemos derecho a preguntar cómo se gastan y a exigir transparencia, control y prioridades. Y también tenemos derecho a hablar de seguridad sin que inmediatamente se nos coloque una etiqueta. Me preocupan profundamente las agresiones sexuales, los robos, la violencia y cualquier forma de delincuencia. Quien cometa un delito debe responder ante la ley con toda su contundencia, independientemente de que haya nacido en Pamplona, Sevilla, Marruecos o cualquier otro lugar. Y cuando se trata de personas acogidas o tuteladas con recursos públicos, la Administración tiene además la obligación de garantizar un seguimiento adecuado y explicar a los ciudadanos qué mecanismos de control existen.

No quiero que se criminalice a una persona por su procedencia. Pero tampoco quiero que el miedo a ser llamado racista convierta cualquier debate sobre inmigración, seguridad o gasto público en un tema prohibido. Quiero poder preguntar cuánto nos cuestan estas políticas. Quiero saber qué resultados ofrecen. Quiero conocer qué ocurre cuando alguien incumple reiteradamente las normas. Quiero que se proteja a nuestras hijas, madres, hermanas y amigas frente a cualquier agresor, venga de donde venga. Y quiero que las víctimas estén siempre por delante de cualquier cálculo político.

Después de años trabajando y construyendo aquí mi vida, creo que tengo derecho a hacer estas preguntas. No pido privilegios. Pido responsabilidad, transparencia, seguridad y que quienes gobiernan recuerden también a las personas que llevan décadas levantándose cada mañana para trabajar, pagar sus impuestos, formar una familia y sacar adelante este país. Porque la solidaridad sin límites ni control deja de ser una política responsable. Y porque últimamente miro a mi alrededor y, con enorme tristeza, pienso lo que nunca creí que diría: no reconozco mi país, y cada día que pasa, reconozco menos mi tierra.