A estas alturas ya casi nada sorprende de María Chivite. Cada cesión al nacionalismo parece superar a la anterior. Lo que hace unos años habría provocado un escándalo político hoy se intenta presentar como una simple iniciativa cultural o económica. Pero no nos engañemos: las palabras importan y los hechos también.

La llamada Gure Moneta se presenta como una moneda local que comenzará a utilizarse en Baztan. Sin embargo, sus propios promotores no ocultan que su horizonte es el conjunto de Euskal Herria. Es decir, un proyecto que trasciende Navarra y que encaja en la construcción simbólica del relato político que el nacionalismo lleva décadas intentando consolidar. Y lo verdaderamente escandaloso no es que alguien quiera impulsar esta iniciativa. En una democracia cada cual es libre de defender las ideas que considere. Lo indignante es que se haga con dinero público. Con el dinero de todos los navarros. También de quienes jamás apoyarían que sus impuestos sirvieran para apuntalar proyectos vinculados a un determinado objetivo político.

Mientras los ciudadanos pagan cada vez más impuestos, mientras hay listas de espera sanitarias, personas dependientes aguardando ayudas, carreteras que necesitan inversiones y familias que llegan con dificultad a final de mes, el Gobierno de María Chivite encuentra recursos para financiar proyectos que muchos navarros consideran completamente ajenos a sus verdaderas necesidades.

Este es el problema de fondo. No es una moneda. Es el modelo político que representa. Es la utilización del dinero de todos para alimentar iniciativas que, lejos de unir a Navarra, profundizan en un proyecto identitario que divide a la sociedad. María Chivite debe responder con claridad. ¿Cuánto dinero ha recibido exactamente Gure Moneta? ¿Bajo qué programa se concedió esa subvención? ¿Qué interés general justifica destinar recursos públicos a una iniciativa que sus propios impulsores vinculan a un ámbito político que va mucho más allá de Navarra?

Los navarros tienen derecho a conocer la respuesta. Porque cada euro que se destina a este tipo de proyectos es un euro que deja de invertirse en aquello que realmente mejora la vida de los ciudadanos. La sensación es cada vez más extendida: el Gobierno de Navarra parece más preocupado por satisfacer las exigencias de sus socios parlamentarios que por atender las prioridades reales de quienes pagan sus impuestos. Y eso no es gobernar. Es convertir las instituciones en una herramienta al servicio de una determinada agenda política.

Los navarros no pagan impuestos para financiar experimentos ideológicos. Pagan impuestos para tener mejores hospitales, mejores carreteras, mejores colegios y mejores servicios públicos. Si el Gobierno dispone de dinero para repartir, que lo destine a resolver los problemas de los ciudadanos y no a sufragar proyectos que muchos interpretan como un paso más en la estrategia simbólica del nacionalismo.

Porque una cosa es respetar todas las ideas políticas y otra muy distinta es obligar a todos los contribuyentes a financiarlas.