Hay algo profundamente inquietante en ver cómo hemos ido entregando, poco a poco y casi sin darnos cuenta, el sentido común, la libertad individual y hasta la dignidad cívica a una clase política que ya ni siquiera disimula. ¿En qué momento dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en súbditos ideológicos? ¿Cuándo el debate dejó paso al señalamiento, la discrepancia al insulto y la gestión pública a la propaganda permanente?

Hoy gobierna un sector político que actúa con una mezcla peligrosa de superioridad moral e impunidad institucional, además de corrupción convirtiendo lo que es de todos en una herramienta al servicio de unos pocos, mientras se exige ejemplaridad únicamente al ciudadano corriente. Se equivocan, rectifican tarde o nunca, colonizan organismos, reparten etiquetas y utilizan el poder como si el Estado fuese patrimonio propio. Y lo verdaderamente alarmante no es sólo que ocurra, sino que hemos empezado a convivir con ello, incluso a normalizarlo, como si fuese parte inevitable del paisaje político.

Nos han acostumbrado a que discrepar tenga coste. A que pensar distinto te coloque bajo sospecha. A que el ciudadano tenga que justificarse ante el político, cuando debería ser exactamente al revés.

Hemos perdido el pueblo cuando dejamos de defender al individuo. Hemos perdido la libertad cuando empezamos a aceptar el miedo como método de gobierno. Y hemos perdido demasiado cuando la crítica se interpreta como deslealtad. Tal vez el verdadero problema no sea sólo quién gobierna, sino cuánto estamos dispuestos a tolerar mientras lo hacen.