Conseguí una plaza en un aparcamiento municipal de bicicletas en Pamplona con la confianza de que sería un servicio seguro, dada la alta demanda y la falta de parkings en el Casco Viejo. Nunca imaginé que aparcar allí la bicicleta de mi hija acabaría convirtiéndose en casi dos años de reclamaciones. Tras el robo de la bicicleta, seguí todas las indicaciones: presenté denuncia y envié la documentación por registro. Días después apareció abandonada y con daños que tuve que reparar, por lo que solicité al Ayuntamiento que asumiera el coste. Desde entonces, todo han sido obstáculos. Tras meses de silencio, el Ayuntamiento se desentendió mediante resoluciones desestimatorias y me remitió a la empresa concesionaria Intelligent Parking S. L. con sede en Vitoria, responsable de la gestión del aparcamiento. 

He reclamado al Ayuntamiento en varias ocasiones, ya que el alquiler de la plaza lo tengo contratado con él. También acudí al Defensor del Pueblo, que dio la razón a la Administración. La empresa, por su parte, ignoró mi reclamación y finalmente respondió que no asumiría ninguna responsabilidad. Más allá del perjuicio económico, mi sensación es de maltrato como ciudadana: desatención, despreocupación y falta de respeto hacia quien cumple y paga.Porque pagar es obligatorio; responder y hacerse cargo, al parecer, es opcional.