En Navarra, como en muchas otras partes de España, miles de personas migrantes se enfrentan a un problema que, aunque administrativo en apariencia, tiene consecuencias muy reales en su vida diaria: la imposibilidad de conseguir una cita en extranjería, especialmente para la toma de huellas. Lo que debería ser un trámite sencillo y ágil se ha convertido en un auténtico cuello de botella que afecta a personas trabajadoras, familias asentadas y jóvenes que han crecido aquí. Hablamos de vecinos y vecinas que forman parte de nuestra sociedad desde hace años, incluso décadas, y que hoy se ven atrapados en un sistema que no responde. El problema va más allá de la burocracia. Nos encontramos con personas que han solicitado la renovación de su autorización de residencia y trabajo -o que ya cuentan con resolución favorable- pero que no pueden completar el proceso porque, simplemente, no hay citas disponibles. El derecho existe, pero el acceso a él está bloqueado. Esta situación genera una enorme inseguridad. Sin la documentación finalizada, muchos trabajadores no pueden renovar contratos, otros ven peligrar su empleo y numerosas familias viven con la angustia de no saber qué ocurrirá en los próximos meses. Se trata de un auténtico laberinto administrativo del que resulta muy difícil salir.

Además, todo apunta a que el problema puede agravarse. Con los procesos de regularización abiertos en España, miles de solicitudes están en marcha. Esto significa que, en poco tiempo, un número aún mayor de personas necesitará acceder al sistema de citas para completar sus expedientes. La pregunta es evidente: ¿está preparado el sistema para absorber esta demanda? Si no se adoptan medidas urgentes, el colapso actual puede convertirse en una situación aún más crítica. En este contexto ha surgido un fenómeno preocupante: la proliferación de intermediarios y redes que acaparan citas para venderlas. Muchas personas, ante la desesperación, terminan recurriendo a estas prácticas, pagando cantidades que no siempre pueden permitirse. Se genera así una clara desigualdad: quien puede pagar accede; quien no, queda atrás.

No son casos aislados. Es una realidad cotidiana en barrios, asociaciones y entornos laborales. Familias enteras dedican horas a intentar conseguir una cita, actualizando páginas web sin éxito, compitiendo contra un sistema saturado y, en ocasiones, poco transparente. Navarra ha apostado históricamente por la convivencia y la inclusión. Por eso, este problema no puede considerarse menor. La falta de acceso a un trámite básico no solo afecta a las personas migrantes, sino también al conjunto del tejido social y económico.

La solución no pasa únicamente por señalar el problema, sino por actuar: reforzar recursos, mejorar el sistema de citas, ampliar la capacidad de atención y garantizar que la administración esté a la altura de la realidad social. Porque detrás de cada cita que no llega hay una persona con un proyecto de vida. Una persona que trabaja, cuida, aporta y quiere seguir formando parte de esta sociedad con derechos y garantías. Navarra no puede permitirse dejar a miles de vecinos atrapados en un sistema que no funciona. La administración tiene un reto urgente: convertir un obstáculo en una solución.

Mohamed Amnay es el presidente de la unión de las comunidades islámicas de navarra