Han pasado más de dos décadas desde los procesos de regularización de 2000 y 2001, y casi veintiún años desde el de 2005. Quienes vivimos aquellos momentos recordamos perfectamente la mezcla de ilusión y angustia que se respiraba: la ilusión de poder salir de la irregularidad y la angustia de no saber si se lograría reunir a tiempo todos los documentos, si habría cita, si la administración respondería. Hoy, con la apertura del nuevo proceso de regularización, muchas personas vuelven a sentir exactamente lo mismo. Y duele reconocerlo, porque muchos pensábamos que esta vez sería diferente. Que la digitalización, las plataformas informáticas y los avances administrativos harían el camino más sencillo. Que después de tantos años, la experiencia acumulada serviría para evitar los errores del pasado.

Te puede interesar

Inmigrantes de la Ribera denuncian trabas en el proceso de regularización

Ir a la noticia

Pero la realidad está demostrando lo contrario. Uno de los mayores obstáculos vuelve a ser la obtención del informe o certificado de vulnerabilidad, un documento imprescindible que, en teoría, debería ser accesible. En la práctica, cientos de personas están chocando con listas de espera, falta de información y saturación desde el primer día. Y esto afecta especialmente a quienes llevan tres o cuatro años esperando una oportunidad como esta, viviendo en la incertidumbre, trabajando sin derechos y criando hijos en un limbo administrativo que no debería existir.

En Tudela y la Ribera, la situación es aún más complicada. Según la letra pequeña del BOE, no se pueden presentar solicitudes a través de las oficinas de Correos de Tudela, lo que deja a toda la comarca sin una vía cercana para iniciar el trámite. A esto se suma que no existen asociaciones colaboradoras autorizadas para presentar solicitudes de manera gratuita, como sí ocurre en otras ciudades. Esto significa que, en la práctica, solo se puede presentar la solicitud pagando: mediante abogados, graduados sociales o gestores administrativos habilitados. Para muchas familias, ese coste es simplemente inasumible. A esta barrera económica se añade otra igual de grave: la mayoría de personas indocumentadas no pueden presentar la solicitud por sí mismas porque no disponen de certificado digital, requisito imprescindible para tramitar online. Y aunque lo tuvieran, muchas tampoco podrían usarlo, porque existe una brecha enorme de alfabetización digital. Personas que llevan años trabajando en el campo, en almacenes o en el cuidado de mayores no pueden enfrentarse solas a plataformas complejas, formularios electrónicos y sistemas que fallan incluso para quienes dominan la tecnología.

El resultado es evidente: miles de personas en la Ribera quedarán fuera del proceso, no por falta de méritos, sino por falta de recursos administrativos, económicos y digitales. Y vuelve a aparecer una sensación conocida: la de ser territorio de segunda. No por falta de voluntad de la gente, sino por la falta de medios. No se pide un trato especial, solo igualdad de acceso. Lo mismo que tendrán en Pamplona cuando se abra la oficina específica para atender estas solicitudes. Es urgente que las administraciones actúen. Que el Gobierno de Navarra o el Ayuntamiento de Tudela habiliten una oficina temporal para atender este proceso. Que se garantice que nadie queda fuera por vivir en la Ribera, por no tener dinero para pagar una gestoría o por no saber manejar un certificado digital. Que esta regularización no repita los errores de 2000, 2001 y 2005.

Porque detrás de cada solicitud hay una historia. Hay años de espera. Hay familias que solo quieren vivir con dignidad. Y esta vez, después de tanto tiempo, no podemos permitir que la esperanza vuelva a convertirse en angustia.

Mohamed Amnay. Coordinador de la plataforma de marroquíes de Navarra