1 Julio de 2008. El Ministerio Fiscal denuncia a la ex presidenta del concejo, a dos ediles, un contratista, un director de obra y un funcionario por percibir irregularidades en dos proyectos. El concejo pide al Juzgado de Estella que investigue las 17 obras.
2 Octubre de 2008. El Juzgado de Estella abre diligencias y llama a declarar a los imputados. La ex presidenta cita como responsable al administrativo municipal, que sube a la lista de encausados.
3 Septiembre de 2009. Sale a la luz el informe realizado por la Cámara de Comptos a petición del Parlamento, en el que se aprecian deficiencias en la concesión de las ayudas forales (1,2 millones) para sufragar los 2, 4 millones.
4 Octubre de 2009. El presidente de la cámara desgrana la investigación en el Parlamento. Amelia Salanueva y Begoña Sanzberro, consejeras de Administración Local y Medio Ambiente (los departamentos a través de los cuales se recibieron las ayudas) admiten fallos, pero no trato de favor en el caso. Se añade a la lista de imputados otro funcionario, éste de Obras Públicas.
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