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Jueces y fiscales explican al PP que las escuchas requieren autorización judicial

Instan a los populares a denunciar si tienen alguna sospecha

Actualizada Jueves, 5 de noviembre de 2009 - 20:27 h.
  • AGENCIAS. Madrid

Las asociaciones de jueces y fiscales han puesto límites a las declaraciones que miembros del PP han vertido sobre el sistema SITEL. Así, han explicado que la intervención de las comunicaciones siempre se hace previa autorización judicial, aplicando los magistrados "un grandioso sentido de la proporción y mesura" en estos casos "concretísimo". Es más, han instado a quien sospeche que se está cometiendo un delito a presentar una denuncia antes los tribunales porque de lo contrario se está "deslegitimando gratuitamente" el Estado de derecho.

Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien ha recordado que ele secreto de las comunicaciones está garantizado constitucionalmente y sólo puede ser "restringido, limitado o afectado" con la preceptiva autorización judicial. "Un Estado de derecho no es una Estado policial", ha insistido.

No obstante, ha precisado que no conoce la utilización exacta del actual sistema de grabación de comunicaciones SITEL, sí explicó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo establece una serie de salvedades como en casos de terrorismo. "Todo lo que no sea eso es moverse extrarradio de las reglas de un Estado de Derecho y contravenir gravísimamente las garantías constitucionales, lo que puede suponer en último término la comisión de un delito", ha añadido.

Respecto a esto, ha defendido que los jueces "no manosean" derechos fundamentales sino que los limitan aplicando siempre "un grandioso sentido de la proporción y la mesura". "No se restringen por cualquiera ni de cualquier manera sino con causa plenamente justificadas y con una delicadeza y sentido de la proporción verdaderamente extraordinario", ha destacado.

"Quien tenga pruebas que las muestre"

Por su parte, Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, también ha explicado que en algunas situaciones de urgencia como las desprendidas en una investigación sobre presunto terrorismo la Policía puede intervenir una comunicación y "en "24 horas" dar aviso a la Audiencia Nacional para que "lo revoque o ratifique la autorización". De todos modos, ha retado a quien "tenga pruebas de que el Gobierno está realizando escuchas ilegales, las muestre".

Desde el Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, ha suscrito que en el marco constitucional no cabe por norma general "ningún tipo de intervención en las comunicaciones sin autorización judicial" y añadió que si se comete algún abuso en este sentido es preceptivo de un delito.

Por último, el presidente de Unión Progresista de Fiscales, Emilio Sánchez Ulled, ha criticado que las acusaciones del PP al considerarlas de "una frivolidad que ya parece malsana". "Si un partido sospecha que se están produciendo interceptaciones de comunicaciones ilegales y sin autorización judicial, eso es un delito y lo que tiene que hacer es denunciarlo para que sea debidamente investigado".

Finalmente, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Pilar Jiménez, ha defendido "totalmente" la utilización de SITEL para "investigar y prevenir la delincuencia". Considera que es un sistema "muy útil" siempre y cuando se utilice "conforme a la legalidad", agregando que "de lo contrario", sería obligatorio denunciarlo, pero no puede "presumirse" que se haga sin autorización judicial.


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