Sus dos grandes clientes eran Emcon y Trelleborg y adeuda 3 millones, con la Hacienda Navarra como principal acreedor
Los 35 trabajadores de Uriso, empresa dedicada a la estampación de piezas para automoción, serán despedidos tras el inminente cierre de la fábrica. La firma se halla inmersa en concurso de acreedores, dictado el 10 de septiembre por el juzgado de lo Mercantil de Pamplona y que "conduce irremediablemente a la liquidación de la empresa", según informó ayer el sindicato LAB, hecho que confirman los administradores concursales designados por el juez.
La empresa, con más de 40 años de antigüedad, fue propiedad de una familia navarra hasta su venta en febrero, ya con una importante deuda, al empresario catalán Pedro Bou. Se trata del último titular que tuvo la empresa de troquelería Ucar Hermanos de Landaben, cuyos trabajadores solicitaron su propio despido en junio tras cinco meses de abandono patronal y sin actividad.
En este caso, el juez ha intervenido la empresa a instancias de un acreedor (es decir, no se trata de un concurso voluntario solicitado por el empresario, sino necesario, pedido por un tercero). Con los datos que se desprenden de la contabilidad de la empresa, y a falta del informe de los administradores concursales, aún sin elaborar, el pasivo de Uriso ronda los 3 millones de euros y el principal acreedor es la Hacienda navarra.
La deuda laboral es escasa (debe el 25% de una paga a la plantilla) y la empresa, que trabaja fundamentalmente para dos firmas, Emcon y Trelleborg, aún tiene actividad. Pero "a final de octubre se acaban los pedidos que hay en la línea. Y en este sector, los clientes no se pueden sustituir de un día para otro, así que nos hemos visto obligados a solicitar un ERE para la extinción de los contratos por cese de actividad", indicó Javier Miró Micó, uno de los administradores concursales. Miró recuerda que su obligación es velar por el patrimonio de la empresa, hasta el momento de su liquidación y pago a los acreedores. "Como la situación es de causa económica objetiva y nos vemos obligados a ofrecer la indemnización de 20 días por año, con tope de una anualidad que fija el artículo 51.8 del Estatuto de los Trabajadores" para el despido colectivo. También han cambiado las cerraduras e inventariado los bienes de la firma, de los que no puede disponer ni el dueño, para evitar cualquier sustracción.
Los administradores exigían "unanimidad" de la plantilla para el acta de conformidad del ERE, lo que "agilizaría" el cobro del despido, pero los trabajadores y los delegados de personal ( 2 ELA y 1 LAB) rechazan firmarlo. Por tanto, será el juez quien resuelva los despidos, cuando finalice el periodo de consultas y tenga el informe deTrabajo, lo que podría demorarse en torno a un mes. Entre las facultades del juez cabe también la de fijar una indemnización mayor si cree que hay activos suficientes.
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