Saénz de Santamaría: "Hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquiera que les estorbe"
"Invento", "paranoia" o "mentira de distracción masiva" son sólo algunas de las interpretaciones que los grupos parlamentarios hicieron hoy de las acusaciones del PP hacia el Gobierno sobre las escuchas ilegales y la persecución contra sus dirigentes. Los 'populares' no consiguieron el respaldo del resto de grupos en la Diputación Permanente del Congreso para acordar la comparecencia en la Cámara Baja de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, para que expliquen lo que el PP califica de una "persecución" de sus militantes y dirigentes.
Tras varias semanas denunciando en los medios de comunicación, llegó el momento de exponer la situación en sede parlamentaria. La encargada en esta ocasión fue la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, quien aseguró que el Gobierno "ha desistido de encontrar soluciones ante la crisis" y ha optado por "echar mano al manual de acoso a la oposición".
Para ello, según la 'popular', el Ejecutivo "maneja a su antojo" a la Fiscalía, donde se investigan los casos dependiendo del color político del investigado. Así, Sáenz de Santamaría denunció que no se actuase en los casos contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, el ex director del CNI o los gestores de Caja Castilla-La Mancha, y sin embargo, cuando se ha tratado de cargos del PP, se hayan abierto diligencias "que luego quedaron en nada", con "la única pena impuesta" de "abrir informativos esposados como delincuentes peligrosos".
Al fin de su intervención, la portavoz popular apeló a la responsabilidad del resto de grupos al considerar que "esto no es una pugna más entre el PP y el PSOE, estamos hablando de abuso de poder y de utilización ilegítima". "Hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquiera que les estorbe".
Pruebas
Pero la intervención de Sáenz de Santamaría no convenció al resto de portavoces, quienes exigieron al principal partido de la oposición "pruebas" que demuestren sus denuncias. El portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, aseguró que las acusaciones del PP no son más que "un conjunto de inventos, insidias y mentiras" con las que lo único que pretende es "conseguir un territorio de impunidad para los miembros del PP que sí están acusados con indicios serios" y que no se hable de "un hecho objetivo" como son "las investigaciones judiciales".
Alonso calificó de "irresponsables" a los 'populares' por "poner en cuestión" una democracia y una división de poderes "que hemos conseguido entre todos a lo largo de las tres o cuatro últimas décadas". Finalmente, el portavoz socialista se mostró sorprendido de que después de pasarse "todo el verano diciendo barbaridades", sea ahora cuando el PP se ponga a recopilar la información para justificarlas.
El portavoz del BNG, Jesús Jorquera, reconoció que le parecieron "desafortunadas" las declaraciones de De la Vega anunciando la actuación de la Fiscalía y que considera "criticables las filtraciones de sumario", pero aseguró estar convencido de que las solicitudes de comparecencia del PP "obedecen a una estrategia" para "levantar una cortina de humo" y que no se hable de los casos de corrupción. "El PP está total y absolutamente obsesionado con las teorías conspiratorias", dijo Jorquera haciendo alusión al 11-M.
Joan Ridao, portavoz de ERC, no quiso asegurar que no hayan existido filtraciones pero recordó que "no existen pruebas", por lo que dio al PP un "amable consejo" al considerar que "este tipo de evasivas son totalmente estériles, porque detrás de la muleta de ese espionaje seguirá estando el toro de la corrupción".
Por su parte, Gaspar Llamazares aseguró que en España "la división de poderes funciona, aunque haya momentos en que eso duela". Así, el portavoz de IU no apoyó las peticiones de comparecencia porque dijo no estar dispuesto a alimentar una "mentira política" o una "mentira de distracción masiva sobre el problema de fondo". Finalmente, Llamazares recomendó al Gobierno que, "ante un delirio de esta materia" no se convierta "en la oposición de la oposición".
Abstenciones
PNV y CiU decidieron abstenerse en la votación. El diputado vasco, Emilio Olabarría, argumentó que su grupo no quiere "hacer callar" al PP pero que no puede prestarle su apoyo porque "no hay pruebas fidedignas que vayan más allá de sus impresiones". Eso si, Olabarría aseguró a los 'populares' que "si aportaran una sola prueba, nosotros incluso aprobaríamos la creación de una comisión de investigación". En cualquier caso, dijo Olabarría, "han contraído la obligación moral de decir con qué fundamentan sus gravísimas acusaciones".
Por su parte, el diputado catalán, Jordi Jané, aprovechó su intervención para denunciar la "frivolidad parlamentaria" que supone el hecho de que en "el primer debate de este mes de agosto" se haya abordado este asunto en lugar de tratar los problemas que la crisis económica está generando en los españoles. "No nos atrevemos a decir que no sea cierto pero aporten pruebas", dijo Jané, quien en cualquier caso consideró que este asunto "debería llevarse a la Justicia" y no al Congreso.
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La portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, conversa con el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, durante la Diputación Permanente del Congreso que debatió la comparecencia de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para hablar de la supuesta "persecución" a dirigentes del PP denunciada por este partido.
La portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al diputado popular José Luis Ayllón (izda.), durante su intervención en la Diputación Permanente del Congreso.
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