La mentira también es un delito

LOS tres reconocieron ante la Guardia Civil que habían comprado droga a una de las imputadas. En el juzgado de instrucción ratificaron su declaración. Pero llegó el juicio, y con ánimo de favorecer a la acusada, lo negaron todo. Esto ocurrió en 1999 en Pamplona. Tres años después fueron condenados a seis meses de prisión por un delito de falso testimonio.

Casos de este tipo apenas llegan a la decena por año a un Juzgado de lo Penal de Navarra, pero demuestran que no decir la verdad y obstruir a la Justicia se paga. Esta semana, por ejemplo, una mujer ha sido condenada a un año de cárcel por intimidar a una testigo para que no declarara en un juicio. El viernes, dos jóvenes fueron juzgados por mentir supuestamente como testigos para exculpar a un acusado.

"No puede haber justicia sin verdad", resalta el magistrado presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial, José Francisco Cobo Sáenz. La ley permite que un acusado pueda no declarar contra sí mismo (puede mentir), pero los testigos deben decir la verdad, declaran bajo juramento o promesa. Y si el juez considera que está mintiendo de un modo consciente y deliberado en aspectos relevantes, puede mandar deducir testimonio: envía las declaraciones al juzgado de guardia, se abren diligencias y se investiga su veracidad. Después, el caso se juzga por lo Penal por un juez distinto al que ha deducido testimonio. Entre los casos más sonados, el juicio por un crimen en Urbasa en 2002, tras el cual se abrieron diligencias por falso testimonio a dos guardias civiles.

El titular del Juzgado de lo Penal nº1 de Pamplona, Fermín Otamendi, reconoce que en los juicios "se miente más de lo que se manda deducir testimonio". "Es complicado demostrar que un testigo ha mentido a sabiendas de que estaba mintiendo", apunta, "pero cuando ves que te mienten descaradamente deduces testimonio para que se investigue y muchos acaban sentados en el banquillo. No puedes permitir que mientan". Lo recalca porque en muchos casos penales, la prueba reina es la testifical, y de ella depende la condena o absolución de una persona. "Si a un arquitecto le das cemento en mal estado, la casa que construya se caerá. Si a un juez le das pruebas que no son verdad, la sentencia que dicte será injusta".

Acusaciones falsas

Otamendi recuerda cómo en sus años de juez de instrucción le llegó un caso de violación entre marroquíes. El acusado haba sido sorprendido manteniendo relaciones sexuales con una mujer por el marido y el hermano de ésta. La mujer le denunció por violación, pero el detenido lo negaba todo: decía que ellos eran amantes, y que el hermano y el marido habían obligado a la mujer a que le acusara de violación bajo la amenaza de ser deportada a su país, donde el adulterio se pena con la cárcel. El juez dio cierta credibilidad a sus palabras, así que mandó comprobar su historia. Y resulta que había pruebas a su favor. Llegado el momento, hermano y marido entraron en su despacho a declarar como testigos. "Vi que mentían y salieron de allí esposados y detenidos. Al cabo de una hora en el calabozo, vino su abogado a decirme que cambiaban su declaración. Así evitamos que un inocente fuera a la cárcel por un falso testimonio".

¿Y cómo sabe un juez que el testigo está mintiendo deliberadamente? "A ello contribuye la verificación de preguntas pertinentes, es decir, que sean referentes a la cuestión enjuiciada, que no sean capciosas, que no tienden a confundir al testigo y que no sean sugestivas, porque indiquen, orienten o provoquen una respuesta en un sentido determinado", explica Cobo Sáenz. También ayuda saber la relación que tiene el testigo con las partes implicadas en un proceso. Por ello, antes de empezar su declaración, el juez siempre pregunta a los testigos si tiene algún vínculo de amistad o familiar con los implicados. "A mí me gusta hacerles ver que su actuación es importante; a l fin y al cabo están colaborando con la Justicia, algo que obliga la Constitución".

Intimidación a testigos

Hubo un tiempo en el que presos que cumplían largas condenas lejos de Navarra solían enviar cartas amenazantes a jueces cuando se enteraban de que habían condenado a un amigo. En realidad, no buscaban intimidar al juez, sino que se les procesara por esas amenazas: así eran trasladados a Navarra y tenían la oportunidad de intentar una fuga por el camino, o por lo menos pasaban una temporada cerca de casa. Hoy las intimidaciones suelen tener como destino a los testigos, bien para que no declaren o para que lo hagan en su favor. Incluso se hace a posteriori, con represalias por su comportamiento. Si el afectado lo denuncia, los autores serán juzgados por un delito contra la Administración de Justicia, como el caso visto esta semana en Pamplona, en el que una mujer acusada de robar en un supermercado intentó que una testigo no declarara. Ha sido condenada a un año de cárcel. Según la sentencia, la mujer acudió en dos ocasiones a su casa para decirle que no acudiera al juicio, y una vez en las puertas del Palacio de Justicia, le espetó que si declaraba le iba a hacer la vida imposible, y que tuviera cuidado. El abogado de la defensa protestó en el juicio, considerando que la pena solicitada era muy alta. El magistrado discrepó: el bien jurídico protegido en este caso es muy importante, se trata de hacer justicia.

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