El juzgado Contencioso Administrativo remite la ejecutoria tras la petición del Gobierno y cabe recurso de súplica
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pamplona ha requerido al Ayuntamiento de Villava para que, en un plazo de 24 horas, proceda a retirar la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca que se exhibe en un mástil instalado en el exterior de la Casa Consistorial. Le apercibe de que, si no lo hace, puede ser objeto de una multa.
La ejecutoria llega después de un requerimiento de los servicios jurídicos de la Comunidad Foral, que tras un acuerdo del Gobierno pidieron al tribunal que se requiriera a la retirada inmediata de la ikurriña. Tras la resolución, el Consistorio tendrá cinco días para presentar un recurso de público. Los plazos comenzarán a contar en cuanto en la entidad local den por recibido el auto.
Los servicios jurídicos del Gobierno presentaron el pasado martes un escrito ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Pamplona para que se requiera al Ayuntamiento de Villava a la retirada inmediata de la ikurriña o bandera de la Comunidad Autónoma Vasca del mástil instalado junto al edificio consistorial. Un día después, desde el juzgado se firmó la resolución.
El Gobierno de Navarra también exigió en el escrito que dirima la responsabilidad penal del alcalde villavés por incumplir la sentencia firme de ese juzgado que con anterioridad ya había ordenado esa retirada (sentencia de 21 de julio de 2008, confirmada en apelación por el TSJN el 20 de noviembre de 2008).
La ikurriña había sido retirada el 1 de abril en cumplimiento de las citadas sentencias y volvió a ondear el 1 de mayo en otro mástil de menor altura y junto a la bandera de Navarra. Una asociación local solicitó permiso para instalarla "en el marco del 825 aniversario de Villava".
El Gobierno se remitió al juzgado al entender que la nueva izada "intenta eludir el cumplimiento de anteriores sentencias judiciales y, por tanto, incurre en nulidad de pleno derecho". En el caso del alcalde de Villava, los servicios jurídicos del Gobierno estiman que "puede incurrir en responsabilidad penal, al cometer presuntamente un delito de desobediencia, tal y como tipifica el Código Penal".
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Vista de las banderas junto a la Casa Consistorial de Villava. J.C. CORDOVILLA
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