UGT, CCOO y ELA critican la "guerra" que mantiene Prosegur y Blindados Grupo Norte

Los sindicatos UGT, CCOO y ELA criticaron hoy el despido de tres trabajadores del sector de Seguridad Privada, por la "inaplicación" de la cláusula de subrogación incluida en su convenio y la "guerra abierta" que mantienen las dos empresas del sector, Prosegur y Blindados Grupo Norte.

En rueda de prensa, la secretaria de la Federación de Servicios de UGT, Ana Fernández, explicó que la situación que ha llevado a la "total indefensión" de tres trabajadores surgió cuando Prosegur perdió el servicio del BBVA y que pasó, "como suele ser habitual en el sector", a adquirir a partir del 1 de abril Blindados Grupos Norte.

A raíz de esta pérdida del servicio, Prosegur "hace sus cuentas" y determina que tres trabajadores, es decir una tripulación, pasa a formar parte de la platilla de Blindados, "aplicando de esta forma la cláusula de subrogación que establece el convenio de Seguridad Privada".

Según recalcó Fernández, esta cláusula que "es claramente favorable a la empresa", es además la que "da estabilidad al empleo en el sector, ya que cuando se pierde un servicio, esos trabajadores afectados tienen que pasar a la empresa que lo acoge".

Sin embargo, añadió Fernández, Blindados Grupo Norte, que es quien debe acoger a los tres trabajadores, "también hace sus cuentas y dice que no le corresponde subrogar a ninguno de estos tres trabajadores", con lo que estas tres personas se encuentran "un día después en una situación de indefensión total, tratados como si fueran muebles viejos que nadie quiere".

Además, Fernández hizo hincapié en que el servicio del BBVA "se mantiene, aunque tenga que hacerlo otra empresa" con lo que estas empresas "tendrán que pedir a sus trabajadores que hagan horas extras para cubrir ese servicio, mientras hay tres trabajadores sin empleo y sin poder además trabajar en otro sitio ni cobrar paro hasta que se solucione su situación legal".

Ante esta situación, los sindicatos denunciaron ayer el caso ante Inspección y no descartan además emprender un calendario de movilizaciones "y llegar hasta donde haga falta". Su objetivo principal es que las dos empresas "cesen su guerra de competencia", "se sienten a hablar" y "de forma inmediata decidan quien readmite a estos trabajadores", expuso Fernández.

De no ser así, tendrá que ser un juez el que decida quien tiene razón, pero este proceso, según explicó Juanjo Celaya, de ELA, "puede ser muy largo, y mientras, "estos trabajadores, que tienen familias e hipotecas que pagar, pueden estar hasta cinco meses sin cobrar".

En este sentido, Zelaya también expuso que un ejemplo de la guerra entra las dos empresas es que se ha elegido además a los tres trabajadores "mas caros y con más antigüedad para que sea la otra empresa la que tenga que pagarles". Algo que demuestra a su juicio "que utilizan a los trabajadores como punta de ariete", una actitud "vergonzosa porque juegan con la vida de tres familias".

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