La elevada morosidad que sufre el sistema financiero español ha disparado la actividad de los cobradores de morosos. La referencia en el imaginario popular es el Cobrador del Frac. Pero existen muchos más. Disfrazados (de obispo, de monje o de Pantera Rosa) o no. Este tipo de empresas, con mucha tradición en el resto de países europeos, son prácticamente nuevas en España, y han generado una elevada polémica. Tanta que el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a regularla. Una tarea que el Ministerio de Justicia también entiende necesaria. La intención es reforzar y asegurar la debida protección de los ciudadanos frente a aquellas actuaciones que "atenten a la dignidad de las personas o invadan su intimidad", según explica Josep Sánchez Llibre, portavoz de CiU e inspirador de la iniciativa. La petición al Ejecutivo incluye la necesidad de que quienes realicen estas labores lo puedan hacer en condiciones "normales", sin necesidad de denigrase disfrazados.
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