El juez alega que no actuó de mala fe al no informar de los cobros por sus charlas en Nueva York
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer, por unanimidad, investigar si son irregularidades los emolumentos que recibió el juez Baltasar Garzón durante su estancia en Nueva York entre marzo de 2005 y junio de 2006, dado que los percibió mientras disfrutaba de una licencia por estudios por la que mantenía parte de su sueldo como miembro de la carrera judicial.
En ese periodo, el juez percibió unos 160.000 euros por impartir una serie de conferencias y dos clases con las que pudo incumplir el régimen de incompatibilidades de la judicatura, lo que se traduciría en una falta disciplinaria.
La decisión de la Comisión Disciplinaria es consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo de archivar una querella por prevaricación y cohecho que un abogado de Alicante presentó contra el magistrado, al que acusó de cobrar 1,7 millones de euros del Banco Santander por impartir esos cursos mientras tenía una causa abierta contra la entidad. Fue el propio juez Garzón quien informó al alto tribunal de la cifra exacta de los emolumentos recibidos, en qué momento y por qué conceptos.
El pasado 2 de febrero, el Supremo decidió archivar la querella, pero dio traslado al CGPJ de los cobros confesados por Garzón por estimar que podrían estar recogidos en el artículo 417.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sanciona como falta muy grave faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas.
Comisión disciplinaria
A la vista de esa deducción de testimonio, la Comisión Disciplinaria decidió habilitar al Servicio de Inspección del CGPJ para que investigue el asunto y proponga o bien la apertura de un expediente disciplinario o bien el archivo de las actuaciones, decisión que en su caso corresponderá a la propia comisión. Según fuentes del consejo, los inspectores afrontan un serio obstáculo, porque con la LOPJ en la mano, los hechos habrían prescrito al haber transcurrido más de dos años.
La Comisión Disciplinaria está compuesta por dos vocales propuestos por el PP, Gemma Gallego y Pío Aguirre Zamorano; dos apoyados por el PSOE, Miguel Carmona y José Manuel Gómez Benítez; y Margarita Uría, ex diputada del PNV.
El letrado Gómez Benítez anunció que se abstendrá de votar cualquier asunto en el que Baltasar Garzón esté concernido, ya que fue su abogado y mantienen una relación de amistad. En la resolución adoptada ayer le sustituyó la vocal Gabriela Bravo, también propuesta por el PSOE. El juez Garzón se enteró de la apertura de las diligencias informativas en América Latina, en donde disfruta de un permiso oficial.
Licencia de estudios
No obstante, fuentes cercanas al magistrado transmitieron que sostiene que "no actuó de mala fe" porque cuando le fue concedida la excedencia académica "nunca" le preguntaron desde el consejo si iba a percibir dinero por estas actividades docentes.
Dichas fuentes añadieron que en el momento en el que pidió la licencia de estudios las retribuciones que iba a percibir "no estaban fijadas" y que, "si hubiera querido ocultar sus ingresos, no los habría declarado al fisco norteamericano y después al español, como así hizo".
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