SOS del pequeño comercio

Una comerciante atiende a un cliente en una papelería de Madrid. ARCHIVO

LA recesión está aquí en toda su crudeza, y con ella el indeseado sálvese quien pueda, que ha llevado a todos los sectores a llamar a la puerta del Gobierno para pedir socorro. El último en hacerlo es el pequeño comercio familiar, alarmado por las malas perspectivas macroeconómicas presentadas el pasado viernes por Pedro Solbes, quien pronosticó un 2009 negro y marcado por un acusado desplome del consumo interior.

Los titulares de pequeñas tiendas, que a duras penas mantienen ya sus rentas en un contexto de reducción de precios y márgenes, avisan de que sin ayuda del Estado muchos tendrán que echar el cierre y sus trabajadores irán también al paro.

Las nefastas previsiones del Gobierno para este año, que auguran una aportación negativa del consumo privado equivalente al 1,5% del PIB, confirman que la época de vacas gordas también ha acabado para el comercio, un segmento que en la última década registró una notable expansión llevado en volandas por los elevados niveles de consumo.

El problema ahora no es que las familias se hayan aburrido de comprar, sino que ya no van a poder hacerlo. El alto consumo de antaño estaba basado en un fuerte endeudamiento que no va a repetirse porque los bancos han cerrado el grifo del crédito.

Plan de medidas

El sindicato Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA), vinculado a UGT, ha presentado un plan de medidas urgentes para salvar al pequeño comercio de carácter familiar y unilocalizado que, además de la crisis, arrastra problemas derivados de la implantación de grandes superficies y cadenas comerciales.

Su llamada de socorro va acompañada de una estadística que constata cómo entre enero y noviembre de 2008, dentro del colectivo de autónomos, el sector de las pequeñas tiendas fue el más afectado por el abandono de la actividad, con 16.118 bajas.

Para amortiguar los efectos de la recesión sobre los minoristas, UPTA solicita un aplazamiento general del pago de impuestos (IRPF e IBI) para todos los comercios cuya titularidad corresponda a una persona física o a sociedades que no tengan más de dos trabajadores y 500 m2 de superficie, y que no formen parte de cadenas comerciales.

Los plazos de aplicación de las medidas y de devolución de los pagos pendientes se fijarían de forma proporcional en función del tamaño de las poblaciones donde estén los negocios.

Junto a la moratoria fiscal, el pequeño comercio pide un pago único de 20.000 euros para los titulares de negocios por jubilación o abandono de la actividad -para mayores de 55 años o personas con incapacidad-, y prestaciones semestrales de 6.000 euros hasta los 65 años. Además, quieren facilidades para adaptar las tiendas al comercio electrónico.

Si la administración no atiende esas peticiones, UPTA cree probable que el abandono de la actividad "se duplique" en 2009. Sería algo "alarmante" porque dejaría en paro a miles de personas de un colectivo de "baja cualificación", que cambiarían trabajo estable por paro indefinido.