LAS ENTIDADES BANCARIAS CARECEN DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA DETECTAR LA POSIBLE RELACIÓN DEL CLIENTE CON LA FINANCIACIÓN TERRORISTA
La denuncia ante el tribunal de Luxemburgo es sólo el último capítulo de varias quejas por la falta de efectividad de España en el control de las transacciones económicas sospechosas.
En junio de 2007 el Grupo de Acción Financiera (GAFI) de la UE denunció que de las 40 recomendaciones hechas tras los atentados del 11-S en Nueva York y Washington, España sólo cumplía una decena y reveló graves irregularidades en la supervisión de las actividades de abogados, joyeros, auditores, inmobiliarias y notarios.
En junio de 2008, el eurodiputado David Hammerstein registró una "queja comunitaria" por la no transposición de la directiva para combatir la financiación de organizaciones armadas. Denunció que entre 2001 y 2004 en España sólo se registraron 18 comunicaciones de operaciones sospechosas.
En 2008, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), el organismo dependiente del Banco de España que desde 1993 se ocupa de bucear en las entidades bancarias y sus activos para descubrir las grandes operaciones de lavado de dinero, alertó de graves deficiencias en el control de las operaciones sospechosas de encubrir ingresos de fondos para ETA o Al Qaeda.
El SEPBLAC aseguraba que los bancos españoles carecen de "procedimientos específicos para detectar la posible relación de los clientes con la financiación del terrorismo".
Las entidades, según el Banco de España, no saben cómo localizar las cuentas sospechosas, claro que, aunque lo hicieran, el Estado tampoco puede seguir la investigación porque "el proceso de consulta de listas" de terroristas no está "automatizado".
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