El fiscal pide para él ocho años por inhabilitación para cargo público y la defensa la libre absolución
El alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea Ruiz, declaró ayer que no tenía "ningún interés" en que las dos personas que recibieron dos (VPO) en 2005 sin participar en el proceso legal fueran las adjudicatarias. El fiscal considera que fue arbitrario, y constituye un delito de prevaricación (8 años de inhabilitación) por el que fue juzgado ayer en Pamplona. La defensa pide la libre absolución.
Durante cuatro horas, una docena de testigos fueron pasando por el juzgado de lo Penal número 3 para declarar sobre esta causa, que salió a la luz después de que Larrea dijera en un pleno de enero de 2006 que había adjudicado esas viviendas "a dedo". Estas dos viviendas pertenecían a dos promociones de 426 VPO de la sociedad urbanística municipal Iturgain (presidida por Larrea como alcalde de IU y la firma Aranade de gestora). Hubo 777 solicitantes y terminada la adjudicación, en Iturgain se destruyeron todas las solicitudes.
En noviembre de 2005, dos de las viviendas quedaron finalmente libres, y entonces fueron solicitadas por cuatro personas. "Dos me escribieron cartas con su situación personal -las adjudicatarias-. También había otras dos, pero se rechazaron porque ya tenían vivienda", contó Larrea.
Las dos adjudicatarias se empadronaron en 2004 y 2005 y no participaron en el proceso legal. En una junta general de Iturgain, prosiguió Larrea, se acordó "por unanimidad" que la promotora viese si esas dos personas -("eran dos casos sangrantes" por su situación personal)- podían ser las adjudicatarias. Y dijo que en esa junta nadie le advirtió de posibles irregularidades. Sobre por qué se aplicaron criterios anteriores a la ley de Vivienda que debía aplicar, añadió que dejó el tema "en los técnicos del Ayuntamiento, y los letrados dieron el visto bueno a la adjudicación". Según la ley anterior, la promotora podía establecer sus baremos, y uno de ellos decía: "Si en el transcurso de la adjudicación se apunta alguien del pueblo, se le dará prioridad", mientras que con la nueva ley era el Gobierno quien los fijaba.
Preguntado por qué en el listado inicial aparecían 777 solicitantes, donde no figuran estas dos personas, y en un segundo 788, sí estaban, Larrea dijo que él no elaboró los listados, y que sus competencias "terminaban donde empezaban las de Aranade".
Pleno polémico
Larrea también habló acerca del pleno, que fue "tensísimo", en el que afirmó que había adjudicado las dos viviendas "a dedo". "Dije que no dos sino tres, y antes más, pero fue una especie de "lo que tú digas". Podía haber dicho cualquier cosa". Un compañero de grupo municipal declaró que la dijo "entre irónico y de vacile". El secretario recogió las declaraciones en el acta oficial.
En el juicio comparecieron las adjudicatarias. Ambas declararon que no conocían al alcalde. Una empleada de Aranade en aquellos años afirmó que las dos se presentaron afirmando que les habían adjudicado una vivienda. "Lo comprobamos con Casimiro y nos dijo que sí".
Un miembro del grupo municipal independiente (el único de los 5 que no era de IU en Iturgain) declaró que no le constaba que se aplicaran los baremos a esas dos personas. "Al día siguiente había más personas que presentaron la solicitud, pero no sé qué se hizo con ellas". Una secretaria técnica del departamento de Vivienda del Gobierno aseguró que no les presentaron ninguna documentación. El director general de Aranade dijo desconocer quién hizo las comprobaciones de las dos adjudicatarias, pero aseguró que se hicieron. En el juicio, declaró el dirigente de Izquierda Unida Miguel Izu, quien aseguró que presentaron la denuncia en la fiscalía que ha desencadenado en este juicio "por la campaña mediática y política". También estaba llamado a declarar Ion Erro, pero la defensa renunció a su testimonio.
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