Larrea se mostró tajante al decir que no conocía a ninguna de las dos mujeres a las que se adjudicó piso y añadió que no tenía ningún interés especial en que fueran ellas las beneficiarias
El alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea, afirmó hoy que no se publicitaron dos VPO que quedaron vacantes en una promoción de 216 en la localidad en el año 2003 por considerar que ésta había sido ya "muy publicitada" entre los vecinos. Según dijo, los técnicos no le advirtieron de ninguna irregularidad.
Casimiro Larrea se sentó esta mañana en el banquillo en el Juzgado de lo Penal número 3 acusado de un delito de prevaricación en la adjudicación de dos viviendas de protección oficial. El fiscal solicita una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que la defensa, la absolución.
Larrea expuso que, al conocer la existencia de las dos vacantes, dos vecinas acudieron al Consistorio y le entregaron un escrito con su situación personal, que a juicio del alcalde, en ambos casos era "sangrante". En concreto, dijo, una era viuda con dos hijos y vivía de alquiler y la otra tenía una hija y también pagaba una renta.
Además de estas dos solicitudes hubo otras dos que se "desestimaron" ya que tenían una vivienda en propiedad. Larrea añadió que se abordó este asunto en la junta de la sociedad Iturgain, encargada de la gestión urbanística de Orkoien, y que se encomendó a Aranade, gestora de esta sociedad, que estudiase si los dos primeros casos cumplían los requisitos para adjudicarles las VPO.
El alcalde se mostró tajante al decir que no conocía a ninguna de las dos mujeres a las que se adjudicó el piso y añadió que no tenía ningún interés especial en que fueran ellas las beneficiarias. Manifestó además, durante su intervención, que los letrados en ningún momento le advirtieron de que esa manera de proceder pudiera suponer una irregularidad.
Según dijo, "nuestros listados eran claros para nosotros aunque parece que para los demás eran complejos". Y defendió que en la localidad se baremó para que tuvieran preferencia los vecinos mientras durase el proceso de adjudicación. "Todos los vecinos del pueblo tenían prioridad sobre los demás", precisó.
Preguntado por el pleno municipal celebrado en enero de 2006 en el que afirmó que las dos viviendas se habían adjudicado 'a dedo', Larrea señaló que fue una forma de hablar y recordó que fue un pleno "muy tenso", en una legislatura con "enfrentamientos fuertes" con algunas personas de la oposición.
Durante la sesión de esta mañana, comparecieron doce testigos. Las dos mujeres que se beneficiaron de las VPO, que manifestaron no conocer al alcalde ni a los miembros de la corporación, afirmaron que se enteraron de las vacantes de forma particular, que enviaron los escritos y la documentación al Ayuntamiento y que posteriormente les llamaron desde el Consistorio para notificarles la adjudicación.
También presentaron declaración tres trabajadoras de Aranade, quienes coincidieron en afirmar que se enteraron de que las dos mujeres eran las adjudicatarias cuando éstas se presentaron en la sede y una de ellas llamó al Ayuntamiento para confirmarlo.
Un directivo de la entidad gestora señaló en el juicio que el baremo daba prioridad a los vecinos de Orkoien y que el listado de adjudicatarios podía modificarse si durante el proceso había nuevas solicitudes de empadronados en el municipio. Recordó que en la junta de Iturgain se acordó que estudiasen si ambos casos cumplían los requisitos y que si era así se preparasen los contratos. Expuso además que la documentación se destruyó cuando "hubo terminado" el proceso por entender que no era "necesaria".
El letrado de Aranade ratificó la prioridad de los vecinos durante todo el proceso de adjudicación. Señaló que en la citada junta de Iturgáin se le consultó si ambas viviendas las podría adjudicar la propia sociedad municipal, a lo que contestó que sí por entender que se regulaban por la ley de vivienda anterior a 2004.
Dos concejales del mismo grupo del alcalde reiteraron el acuerdo de la junta para que Aranade comprobase los dos casos y negaron ningún interés por que ambas mujeres en concreto fueran las beneficiarias. Sobre las palabras del alcalde de que se adjudicaron 'a dedo', señalaron que lo dijo en "tono irónico" y "una forma de decir al edil de la oposición que se callara".
Este concejal en la oposición, del grupo independiente, señaló que al día siguiente de conocerse las dos adjudicaciones hubo más personas que presentaron sus solicitudes. "No sé qué se hizo con ellas", dijo, para añadir que a su juicio en el proceso ha habido "irregularidades".
La secretaria técnica del departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra explicó que solicitaron información al Ayuntamiento sobre los procesos de adjudicación y ver si existía alguna irregularidad, información que no fue remitida. "No pudimos contrastar porque no había documentación original", dijo.
Fiscal y defensa
En su escrito final, el Ministerio Fiscal manifestó que hay pruebas suficientes para determinar que se trata de una adjudicación 'a dedo'. Expuso así la "inexistencia" de un expediente administrativo de la baremación, así como el testimonio de las tres admdinistrativas de Aranade que dijeron que ellas no tramitaron nada y que se enteraron por las beneficiarias.
Según añadió, en el acuerdo de la Junta de la sociedad Iturgain se hizo una "delegación de funciones" a Aranade para que comprobara los dos casos. "Dudamos de este acuerdo", dijo, para destacar también la "falsedad" del listado de adjudicatarios, en el que posteriormente aparecen las dos beneficiarias con fecha de 2002. "Eso es totalmente falso", dijo, y expuso que se modificó para "justificar".
A su juicio, probablemente ambas mujeres no estaban "en mejor derecho que otros" y "por eso hubo que hacer la falsedad". "No hemos descubierto quién hizo la falsedad", dijo, pero indicó que se realizó en la entidad gestora.
Justificó también el fiscal que el propio alcalde reconoció en el pleno que las dos VPO se adjudicaron a dedo. "Y de aire jocoso e irónico nada de nada", manifestó. Sobre que el Gobierno foral visó los contratos, señaló que lo hizo porque cuando solicitó información para comprobarlos no se le remitió. No obstante, dijo, "no refrendan nada".
Para el Ministerio Público se trata éste de un "ilícito penal" porque el poder se ejecutó de forma "arbitria", "con voluntad del señor Larrea de que esas personas tengan una vivienda y no hay criterio de comprobación". Además, defendió, existe una "carencia de procedimiento" y una "imposibilidad de control" por la Administración.
El letrado de la defensa, por su parte, manifestó que en absoluto está claro que ésta sea una "actuación contraria a derecho". Manifestó que la lista de adjudicatarios "no se cierra hasta que se firma la última escritura" y que por ello "la lista puede estar constantemente cambiando".
Recordó que el Gobierno de Navarra visó los contratos y que documentos en relación con el baremo, por tanto, existía. Frente al fiscal que defendió que no se baremó, la defensa expuso que se aplicó el criterio de que durante el proceso de adjudicación tenían preferencia los empadronados. "Era la legalidad que existía", dijo.
Sobre las palabras del alcalde de que adjudicó 'a dedo', el abogado expuso que no lo dijo en ese sentido sino en otro tras la discusión en el pleno. Indicó que Larrea, que no fue advertido por los letrados de que pudiera existir irregularidad alguna, no tenía ningún "interés espúreo" y que "cuando uno se equivoca por negligencia o imprudencia no es un delito".
Según dijo, "puede que se haya equivocado en su actuación como alcalde, pero ojalá haya muchos alcaldes como Casimiro que se preocupen por que su pueblo tenga vivienda protegida".
El alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea, durante el juicio por la adjudicaron de dos VPO en la localidad.
El alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea, de IU, en los juzgados de Pamplona.
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