Prisión preventiva para los cuatro detenidos del "aparato político" de ETA

Registro policial a la casa de Burdeos el pasado miércoles. AFP

El presunto dirigente de ETA Javier López Peña Thierry y otros tres supuestos miembros del aparato político de la banda terrorista, detenidos el martes en Burdeos, fueron imputados ayer por numerosos cargos por jueces antiterroristas en París, indicaron fuentes judiciales. Podrían ser condenados a penas de hasta 30 años de cárcel.

López Peña, Ainhoa Ozaeta (33 años), Igor Suberbiola (29) y Jon Salaberría (38) han sido imputados por asociación de malhechores con vistas a preparar actos de terrorismo y por extorsiones en banda organizada.

También por receptación de robos, incluso a mano armada, en banda organizada, uso de matrículas falsificadas, documentación falsa, tenencia ilegal de armas y municiones, y tenencia o transporte de productos incendiarios o explosivos y de sustancias que entran en la composición de artefactos explosivos.

Todo ello, en relación con "una empresa individual o colectiva" destinada a "perturbar gravemente el orden público por medio de la intimidación o el terror".

La pena máxima que conllevan estos delitos -que implican un juicio ante el Tribunal Especial de lo Criminal, y no ante el Correccional- es de 30 años de prisión, según la Fiscalía de París, que pidió para todos el ingreso en prisión preventiva.

Tras su imputación por magistrados antiterroristas, entre ellos Laurence Le Vert, la máxima experta en sumarios de ETA, los cuatro comparecieron ante un juez de las libertades y la detención para que dictara su ingreso en prisión preventiva.

También fue imputado, pero por menos cargos, el francés Louis Fort, de 75 años, detenido el pasado miércoles en Bayona, y que, según fuentes de la investigación, alquiló el apartamento de Burdeos. Procesado por asociación de malhechores con fines terroristas, entre otros cargos, Fort quedó en libertad bajo control judicial, aunque la Fiscalía había pedido su ingreso en prisión.

Análisis de los ordenadores

López Peña, en la clandestinidad desde 1983, que se cree que estuvo un tiempo en Sudamérica y fue condenado en rebeldía en Francia a penas de ocho y dos años en 2005 y 2007, es considerado como dirigente del aparato político de la banda.

En el piso donde fueron detenidos, la policía encontró cinco pistolas automáticas, una pequeña cantidad de clorato para explosivos, mil euros en efectivo, ordenadores portátiles y abundantes documentos. Los investigadores aguardan el análisis de los ordenadores para calibrar las funciones de los cuatro etarras en la banda. Por otra parte, el ex alcalde de Andoáin (Guipúzcoa) José Antonio Barandiarán, detenido el miércoles en el marco de esta operación, pasará hoy a disposición de la Audiencia Nacional.