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El Gobierno encuentra un resquicio legal para enviar a los piratas a Somalia

Actualizada Martes, 10 de noviembre de 2009 - 03:59 h.
  • COLPISA. SOPOT (POLONIA).

El Gobierno cree haber encontrado un resquicio legal para permitir que la Audiencia Nacional dé luz verde a la entrega de los dos piratas encarcelados en España, tal y como reclaman sus compinches para liberar a los tripulantes del Alakrana.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor el pasado 5 de noviembre, abre la posibilidad de extraditar a los criminales que atenten contra ciudadanos o intereses españoles, siempre que el país donde se cometieron los delitos garantice que los acusados van a ser sometidos a un proceso con todas las garantías.

En cualquier caso, advierten fuentes gubernamentales y jurídicas, el Ejecutivo sólo puede "dar un instrumento a los jueces", porque la última palabra será siempre de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y del instructor del sumario, el magistrado Santiago Pedraz.

El primer problema para intentar explorar esta vía es que España no tienen tratado de extradición alguno con Somalia. Según responsables gubernamentales, Exteriores ya ha empezado a tratar este asunto con las autoridades del país africano.

En busca de un convenio

La firma de este acuerdo, que debería hacerse a contrarreloj, fue uno de los puntos que estudiaron en su reunión del domingo en Nairobi el embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, y el primer ministro del Gobierno de Transición Federal de Somalia, Omar Abdurashid Sharmarke.

Las autoridades somalíes se mostraron favorables a suscribir este convenio y a reclamar la extradición (condición sine qua non), si bien estiman que harían falta tres o cuatro semanas para cerrar la redacción del texto y que entre en vigor, según informaron fuentes diplomáticas españolas.

Salvado este escollo, la solución pasa por el nuevo texto de Ley Orgánica del Poder Judicial. Aunque el objetivo de la reforma orquestada este año era poner freno a la aplicación de la justicia universal y a la avalancha de procesos en la Audiencia Nacional que nada tenían que ver con España (matanzas en Guatemala, Tibet, Gaza ), el legislador, sin pretenderlo entonces, abrió una ventana para resolver esta crisis.

La reforma aprobada modifica los apartados 4 y 5 del artículo 23 de esa norma, que da jurisdicción a España para entender de delitos de piratería, genocidio o terrorismo en los que se haya "acreditado" que "sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse vínculos relevantes con España".

La modificación reciente permite, no obstante, que España abandone la instrucción si "en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional se ha iniciado procedimiento de investigación y una persecución efectiva de tales hechos punibles".

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