Los edificios y transportes públicos de Holanda son ya lugares 'antiburka'. Una nueva y polémica ley promovida por los partidos más conservadores prohíbe a los ciudadanos acceder a cualquier edificio oficial o institución del país, a los colegios, los hospitales, algunos museos y a los diferentes tipos de transporte público con el rostro cubierto. La nueva norma busca impedir el acceso a centros públicos, autobuses, metros o tranvías a musulmanas estrictas ataviadas con burka -velo integral- o embozadas con un nicab -el pañuelo negro que solo deja a la vista los ojos-, pero también veta la entrada a cualquiera que oculte el rostro con otro tipo de elementos, como pueden ser máscaras, pasamontañas o un casco integral. La prohibición, sin embargo, no establece limitaciones en la vía pública. La ley prevé que quien se cubra la cara, además de tener vedado el acceso, será castigado con una multa de 150 euros.

La medida fue propuesta por el líder antimusulmán y ultraderechista Geert Wilders, cuyo partido es actualmente la segunda fuerza política neerlandesa. Tras un largo y accidentado debate parlamentario que comenzó 2012, la regulación fue aprobada en 2016 por el Congreso casi con mayoría absoluta y ratificada el año pasado por el Senado. Su justificación principal, según un comunicado del Ministerio del Interior, es la seguridad. "En estos lugares, es importante para la seguridad pública y para el buen funcionamiento de los servicios públicos que todo el mundo pueda reconocerse y mirarse", explica.

La ley, no obstante, nace entre las acusaciones de xenófoba de sus detractores, quienes además consideran que tendrá una aplicación real incierta, pues dependerá de los trabajadores de los centros públicos vetar o no el acceso o llamar o no a la policía para que sancione. La consideran discriminadora en un país con 17 millones de habitantes, de los que solo 1,2 millones son musulmanes, y entre los que se calcula que no más de 200 a 400 musulmanas usan velos integrales o nicab. Los conductores de autobuses, por ejemplo, ya han advertido que no detendrán el vehículo para obligar a alguien a bajarse por no cumplir con la normativa, puesto que generaría retrasos en la circulación.

Francia es el principal impulsor de la prohibición del burka en Europa. Con sus cinco millones y medio de ciudadanos con creencias musulmanas aprobó en 2010 una ley que prohibía el uso del burka y el nicab en la vía pública. Es un veto total semejante al establecido en Bélgica y Austria. El otro miembro del Benelux impone incluso condenas de siete años de cárcel a quien ignore la prohibición.

En España, la competencia de permitir o prohibir este tipo de vestimentas pertenece a los ayuntamientos. Los únicos precedentes están en Cataluña. Los ayuntamientos de Lérida y Reus intentaron vetar el uso de los pañuelos musulmanes, pero el Tribunal Supremo dictó sentencia contra la primera de la ciudades en 2013 y anuló la ordenanza municipal.