La justicia tiene imputados a 16 hombres en el caso de la menor de 12 años que vivía bajo el paraguas de la Generalitat y que fue agredida sexualmente y ofrecida por un depredador sexual a través de una app (aplicación de móvil) para que otros hombres pudieran violarla. Fuentes judiciales aseguran que hay al menos siete víctimas de esta red de pederastia, pero la cifra podría superar la veintena.

El caso ha provocado conmoción. Lleva en los juzgados desde 2022, cuando denunció la chica y se detuvo al principal acusado y líder de la trama. En estos momentos hay tres causas penales abiertas en juzgados de Barcelona. El primer caso hace referencia al de la menor de 12 años, que entre 2020 y 2021 fue agredida sexualmente por un hombre de 45, electricista de profesión. El caso está pendiente de que la Audiencia de Barcelona fije la fecha del juicio, según fuentes judiciales. La Fiscalía pide 107 años de cárcel para T.L.M., que violó a la menor de 12 años, grabó las violaciones y ofreció a la niña a través de una app para que otros hombres pudieran violarla. El acusado está en prisión provisional.

A partir de este caso, se destapó toda una trama de pederastas, con 15 implicados más, y se abrieron dos nuevas causas. En la primera, la justicia investiga a 11 hombres (incluido T.L.M.). Hay dos víctimas: la misma menor de la instrucción principal y un niño. En la segunda causa, hay seis imputados (entre ellos T.L.M.). En total, 14 de los 16 investigados están en libertad provisional a disposición del juzgado y con medidas cautelares. En la instrucción, aparecen nuevas víctimas, un mínimo de cinco, según fuentes del TSJC. El Periódico habló ayer de una treintena de sospechosos y hasta 25 víctimas.

¿FALLÓ LA ADMINISTRACIÓN?

El Govern catalán, mientras, informó este miércoles que la consejera de Derechos Sociales comparecerá en el Parlament, donde presentará las conclusiones de un expediente interno sobre este terrible caso, en el que la víctima vivía bajo el paraguas de la Generalitat. La Consejería puntualizó que estaba bajo la “guardia” de la administración catalana y no bajo tutela.

El Govern afirmó que el caso “activó los protocolos”, lo que permitió que se “tramitase la denuncia y pudieran llevarse a cabo las detenciones”. Pero las alarmas tardaron en saltar, pues cuando lo hicieron la chica ya llevaba casi dos años siendo víctima de violaciones y abusos. Fue violada entre 2020 y 2021. El caso ha puesto en el centro de la polémica a la DGAIA, organismo de la Generalitat que se encarga de la atención a la infancia y a la adolescencia.

Es el departamento del Govern que gestiona directamente o a través de adjudicaciones centros como el de L’Hospitalet, en el que vivía la víctima. Fueron los educadores del centro los que, mirando el móvil de la chica, detectaron que algo iba mal porque mantenía conversaciones con hombres adultos. Se pusieron en contacto con la familia, que fue quien denunció ante los Mossos. Era 2021. Un año después, el principal acusado fue detenido. Algo falló, toda vez que los trabajadores tardaron meses en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. La pregunta sin respuesta es cómo tardaron tanto tiempo en mirarle el móvil.

La chica proviene de una familia desestructurada, de padres separados. Más tarde, su madre falleció. La víctima se escapaba con asiduidad del centro. Y entre tanta salida y entrada, cayó en manos del depredador sexual. Además, la DGAIA, cuando la chica tenía 15 años, habría permitido que se fuera a vivir con un joven de 25.

Al margen del caso, la DGAIA está en el ojo del huracán. El Govern, semanas atrás, cesó a su directora y al subdirector. Solo llevaban seis meses en el cargo. Y es que también hay sospechas de irregularidades en las adjudicaciones.