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Suceso

Diez años de la tragedia del Madrid Arena

Rocío Oña, Cristina Arce, Katia Esteban, Belén Langdon y María Teresa Alonso son las cinco jóvenes que fallecieron como consecuencia de la avalancha que se produjo en la macrofiesta de Halloween

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Imagen del "agolpamiento" en el pasillo que comunica con la pista central del recinto donde cinco personas fallecieron hace 10 añosARCHIVO
Publicado el 01/11/2022 a las 09:11
En la madrugada de este lunes se cumplen diez años de una de las noches más trágicas en las últimas décadas: el macroconcierto de Halloween del Madrid Arena. Aquella jornada del 1 de noviembre el evento de música electrónica Thriller Music Parkhabía había acaparado la atención de los jóvenes residentes en la capital por encima de otras fiestas, con el DJ Steve Aoki como la estrella principal.
Rocío Oña, Cristina Arce, Katia Esteban, Belén Langdon y María Teresa Alonso son las cinco jóvenes que fallecieron como consecuencia de la avalancha que se produjo entorno a las 04:30 en el interior del recinto, que era propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Tres murieron esa misma madrugada y dos semanas más tarde en el hospital. Tenían entre 17 y 20 años.
Un portón de carga permitió el acceso de miles de jóvenes -que en su mayoría se encontraban fuera del recinto haciendo botellón- para ver la actuación del DJ. Aquello saturó la pista central del recinto y los pasillos de evacuación, provocando la avalancha mortal en uno de ellos. Los primeros testimonios apuntaron desde un primer momento a que no hubo registros a la entrada y a que en el interior había menores -una de las fallecidas lo era-. De hecho, el atestado policial que se llevó a cabo concluyó que el aforo "estaba sobradamente sobrepasado" y que "un número muy importante de personas", que hacía "botellón" fuera del pabellón, "tomó al asalto" el recinto, al iniciarse la actuación de Steve Aoki. La realidad es que en el caso se depuraron responsabilidades en el ámbito jurídico y político. En la esfera política dimitieron cuatro cargos, entre ellos el entonces delegado de Economía y presidente de la empresa municipal Madridec, propietaria del Madrid Arena. También el que fuera vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, por su vinculación a Miguel Ángel Flores, el promotor del evento mortal.
Flores, presidente y administrador de la empresa Diviertt, había culpado después de la tragedia al Ayuntamiento y a la Policía Municipal. A estos últimos el empresario les recriminaba no haber estado presentes en el exterior del recinto para impedir que los jóvenes que se encontraban allí haciendo botellón se colasen una vez diese comienzo la actuación del DJ.
Según declaró Flores ante el juez, se vendieron 9.650 entradas -Policía Nacional pudo confirmar que se ofertaron más de 22.000 entradas-, pero "unos 3.000 o 4.000 jóvenes que estaban haciendo bebiendo fuera del recinto accedieron por la fuerza y en estado ebrio sobre las tres de la mañana". Se trata grupo al que Flores culpa de la estampida que derivó en el accidente mortal.
No obstante, el promotor del evento es considerado el autor responsable de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave. Fue uno de los condenados, junto a otras seis personas, en septiembre de 2016 por su presunta responsabilidad en la muerte de las cinco jóvenes. A él el tribunal le condenó a cuatro años y le inhabilitó además para el ejercicio profesional de cualquier actividad en relación con la organización y celebración de eventos durante el tiempo de la condena. No obstante, Flores pudo acceder al tercer grado en diciembre de 2018, quedando finalmente en libertad desde octubre de 2020.
La Fiscalía pedía esa cantidad, cuatro años de prisión, para Flores, mientras las acusaciones, que ejercían PSOE y Manos Limpias, habían elevado la petición a diez y 20 años, respectivamente.
Tambien se condenó a tres años de prisión por los mismos delitos a Francisco del Amo, responsable de Madrid Espacios y Congresos S.A. (Madridec), y a Santiago Rojo, director general de Diviertt; dos años y seis meses de prisión a Miguel Ángel Morcillo, jefe de personal de Diviertt, y a Carlos Manzanares, socio de Kontrol 34 (empresa encargada de controlar el acceso al recinto), así como el pago de una multa de 3600 euros a los coordinadores de Seguridad de Seguriber, Juan José París y Raúl Monterde. En el caso de estos dos últimos la condena es por cinco delitos de homicidio por imprudencia menos grave.
Sin embargo, el tribunal absolvió a los responsables del equipo médico en la fiesta Simón Viñals y su hijo Carlos así como al exjefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, Pero la sentencia que más tarde emitió el Supremo añadió una nueva condena, la del médico Viñals, encargado de atender y de dirigir el servicio médico la noche de los hechos. El Alto tribunal le impuso un año y medio de prisión por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, en la modalidad de imprudencia profesional, en relación a la víctima Cristina Arce. La sentencia explica que al actuar negligentemente incrementó el riesgo de que la joven, que fue trasladada con vida a la enfermería del recinto, falleciera debido a las graves lesiones que padecía.
Los cambios La pregunta que es inevitable hacerse diez años después de aquella fatídica jornada es si los eventos de este tipo son más seguros los eventos hoy que en el 2012 y qué hemos aprendido al respecto. Tras la tragedia, el Gobierno de Ana Botella también ordenó cerrar el Palacio de Cristal de la Casa de Campo y el Palacio de Congresos del Campo de las Naciones, que no acogieron eventos hasta que se subsanasen los problemas de seguridad. No cumplían la normativa vigente entonces en cuanto a accesos, evacuación o extinción de incendios.
Aunque el principal logro a raíz de esta tragedia fue conseguir que se cambiase la ley que existía al respecto. Isabel de la Fuente, madre de una de las jóvenes fallecidas.consiguió sumar a 500.000 personas a la causa y con sus firmas obligar a la Comunidad de Madrid modificar la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Lepar). Esta entró entró en vigor un año después, el 24 de diciembre de 2013. La legislación, hasta entonces, contenía importantes vacíos que el nuevo texto trató de completar. De esta forma, la nueva norma redobla las sanciones en caso de infracciones graves hasta alcanzar los 900.000 euros. Incluso, en función del grado de incumplimiento de las medidas de seguridad, puede conducir al cierre de los establecimientos durante dos años. No obstante, al tratarse de normas regionales y locales, el riesgo sigue estando ahí. Tras el Madrid Arena se generó una mayor de mayor seguridad en torno a las fiestas en la mayoría de grandes ciudades españolas, pero los expertos advierten de que sigue habiendo lagunas normativas y grietas. Advierten también que la relajación se puede producir por la vuelta a la normalidad en este área tras dos años de pandemia.
De hecho, este fin de semana se ha producido un episodio de tensión en una fiesta de Sevilla donde se rebasó el aforo y la Policía Local se vio obligada a desalojar la sala.
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