La Fiscalía ha sostenido este martes que Pedro N.A., acusado de ser el inductor del asesinato del concejal de IU en Llanes Francisco Javier Ardines, planificó el crimen con la ayuda de un intermediario y de dos sicarios por el "odio profundo" que sentía hacia el edil por la relación extraconyugal que mantenía con su esposa.

En la primera sesión de la vista oral con jurado popular que ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Oviedo por el asesinato de Ardines cometido el 16 de agosto de 2018 en la parroquia llanisca de Belmonte de Pría, la fiscal ha insistido en la implicación de los cuatro acusados, para los que pide una pena individual de 25 años de cárcel.

La representante del Ministerio Público se ha dirigido a los integrantes del jurado para advertirles de que en este juicio no habrá pruebas "directas" como grabaciones de cámaras o testigos del asesinato, pero sí indicios suficientes para considerar que los cuatro acusados son autores, unos de forma material -los dos presuntos sicarios- y los otros dos como coautor y cooperador necesario.

La fiscal ha dicho que tiene la seguridad de que Pedro N.A. planificó el asesinato por el odio profundo que tenía hacia Ardines desde que descubrió la relación con su esposa, y que Jesús M. fue intermediario al intervenir en los actos "previos y posteriores", contactar y pagar a los dos sicarios.

La investigación de la Guardia Civil fue, a juicio de la fiscal, "larga, compleja y completa" y estuvo basada en hechos indiciarios, y ha recordado que hay multitud de casos que acaban en condenas una vez que se prueba la relación de los acusados con la causa.

Por su parte, el abogado de la acusación particular, Antonio Pineda, ha explicado a los jurados que la familia de Ardines se ha personado en el procedimiento "para hacer justicia" porque los cuatro procesados actuaron de común acuerdo para atacar "por sorpresa y de forma brutal" al concejal.

La acusación particular también solicita 25 años de cárcel para cada uno de los acusados y solicita una indemnización de 400.000 euros para la viuda y los dos hijos de Ardines, frente a los 168.000 que pide la Fiscalía.