Los abogados de los padres de Gabriel Cruz, el niño de ocho años muerto a manos de Ana Julia Quezada, recurrieron este lunes la decisión del juez de aceptar como acusaciones populares en la causa a la asociación Clara Campoamor y de la Asociación Andaluza de Estudios Penales. La defensa de la acusada, por ahora, no impugnará la resolución del instructor.

El juzgado que investiga la desaparición y muerte de Gabriel Cruz el pasado 27 de febrero en Níjar (Almería) aceptó la personación en la causa de las asociaciones Andaluza de Estudios Penales y Clara Campoamor como acusaciones populares al entender que concurre "interés en la defensa del menor". La madre del niño, Patricia Ramírez, había solicitado poco antes a través de un vídeo difundido en las redes sociales que se les denegara su personación al no sentirse representados por dichas asociaciones privadas ni conocer "sus intenciones o su posicionamiento" ya que en ningún momento habían contactado con la familia o con su abogado.

Ramírez, que llegó a calificar de "invasiva" la petición de ambas entidades, expresaba su preocupación porque debido a su personación en el proceso el juicio se retrasara aún más en el tiempo al incorporarse como nuevas partes en la causa, o que incluso "entorpecieran la línea de acusación que nos representa", en alusión a la estrategia de su letrado. "Les pido -dijo en el vídeo la madre del pequeño asesinado- que se retiren y nos dejen actuar de la mejor forma, que entendemos que será la que nos permita un juicio justo y una condena más acorde con la atrocidad cometida".

De la misma manera, la madre de Gabriel Cruz mostró su temor a que en el transcurso de la instrucción o durante el juicio los hechos que se conozcan sobre lo ocurrido los días en que estuvo desaparecido puedan afectar por sus detalles morbosos a la imagen pública del niño o tener impacto emocional en su entorno más cercano. Así, apelando a "principios éticos y morales" para proteger la memoria del niño, Patricia Ramírez pedía a los medios de comunicación que "se nos evite el morbo de hacer públicos detalles macabros y aspectos de la investigación que resulten psicológicamente dañinos" para la familia o los amigos del pequeño. "Tras su pérdida, el cómo, por qué, cuándo y dónde no era relevante públicamente y por tanto era preciso proteger su imagen y favorecer el respeto hacia nuestro dolor", subrayó, pidiendo ayuda para que "se imponga el sentido común y nos dejen actuar en el marco de la ley y con dignidad".

TRABAJAR CON RESPONSABILIDAD

El juez, que sigue adelante con la investigación y prorrogó un mes más el secreto de sumario, ha citado a declarar el jueves como testigo a la hija mayor de la asesina confesa, que era pareja del padre cuando sucedieron los hechos y que hasta el momento no ha confesado las motivaciones de su crimen.

El instructor defendió la presencia de ambas organizaciones en la causa porque están especializadas en asuntos penales. De hecho, desde la asociación Clara Campoamor subrayaron este lunes que siempre han actuado con "responsabilidad" a la hora de defender "a todos los menores por igual". Los responsables de la entidad aseguraron que su labor es "trabajar" sobre la causa para que ningún otro niño "pase por lo que ha pasado Gabriel", y no compartir los procedimientos, en alusión a los temores de la madre de que pudieran difundir los datos más morbosos. "Lo que vamos a hacer es coger el Código Penal y actuar con él en la mano en su máxima gravedad", insistió la responsable de la entidad, Blanca Estrella Ruiz.

La presidenta de la asociaciones apuntó que, además de las penas previstas en el Código Penal, "hoy por hoy" la responsabilidad penal de Quezada encajaría con la petición de prisión permanente revisable.