El Gobierno de Sánchez ha iniciado la segunda mitad de la legislatura con palpables muestras de malestar social en la calle que empañan el optimismo oficial sobre una recuperación económica más lenta de lo previsto y cuestionan el compromiso de no dejar a nadie atrás en la salida de la crisis. Las principales asociaciones de transportistas han anunciado una huelga este mes que amenaza la distribución de mercancías en fechas clave de la campaña navideña. Agricultores y ganaderos preparan nuevas protestas por un brusco aumento de costes que no pueden repercutir íntegramente en los precios y pone en peligro su supervivencia. A ello se suman conflictos repartidos por todo el país. Las violentas movilizaciones del metal de Cádiz, saldadas al final con acuerdo, pueden ser el aperitivo de un invierno caliente, que fuera del ámbito laboral ha tenido por ahora su principal foco en las airadas marchas policiales contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. El imparable encarecimiento de la energía no solo ha sacudido los presupuestos familiares y está a punto de echar por tierra la promesa del presidente de que la factura de la luz regresaría a finales de año a los niveles de 2018. Su traslado a todos los procesos de producción y los problemas en la cadena de suministros han disparado los costes de las materias primas y desatado una espiral inflacionista que ha sacado a flote un poso de profundo descontento por la pérdida de poder adquisitivo de amplios colectivos. Las protestas del campo y el transporte son una muestra de él y también de las limitaciones del Ejecutivo para hallar soluciones satisfactorias a sus problemas. Con los precios fuera de control y un consenso mayoritario en que seguirán desbocados durante meses, la negociación colectiva también se presenta extremadamente tensa y propicia a una alta conflictividad. Resulta significativo que detrás de los sectores más movilizados no estén los sindicatos mayoritarios, que hasta ahora han eludido presionar en la calle al Gabinete más sensible a sus intereses para no desgastarle. La reforma laboral y de las pensiones y la negociación de los convenios del sector público pondrán a prueba sus relaciones.