Los mismos días en que irrumpían 80.000 inmigrantes en las costas de Ceuta, al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real de Marruecos navegaron sin autorización en aguas territoriales españolas. No fue un hecho puntual o accidental, sino una vulneración intencionada que se prolongó durante varios días, que pudo provocar un conflicto de mayor envergadura que el actual y que sólo terminó cuando la Armada española desplegó buques en esas aguas. 

Sin embargo, cuando el pasado 3 de septiembre el presidente Pedro Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados para dar cuenta sobre la crisis de Ceuta, ocultó deliberadamente este episodio. Sánchez se escuda en que, al tratarse de información que afectaba a la seguridad nacional, tenía ésta “carácter reservado”. Por su parte, su fiel ministro de Presidencia, Félix Bolaños, asegura también que la entrada de dichos buques marroquíes en aguas territoriales españolas fue un “hecho puntual” y que no guardó ninguna relación que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta; cuestión sin duda difícil de creer por cuanto sucedió en los mismos días. 

Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de ocultación deliberada, condena su tibieza en las relaciones con Marruecos, apuesta por dar un mensaje de firmeza para demostrar que la integridad territorial no es objeto de negociación y exige que el presidente ofrezca explicaciones ante la Diputación Permanente. 

Hace dos meses y medio que estallara esta crisis migratoria, humanitaria, geopolítica. En el curso de las próximas semanas, Sánchez sólo aspira a un objetivo: zafarse de la nube de Ceuta y lograr que el debate público y preelectoral gire en torno a la crisis de la vivienda -arrastrando el caso de Maricarmen y los Reales Decretos-leyes aprobados en fraude de ley- para movilizar a su electorado. Sin embargo, precisamente a causa de su deficiente y esquiva gestión, la sombra del desastre ceutí y sus inexplicables tratos de favor hacia el gobierno marroquí le persiguen sin tregua.