La Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra lo puede decir más alto pero no más claro en su categórico informe: no se dan los requisitos legales para abonar a la UTE de Belate los 8,3 millones por sobrecostes porque los cambios se hicieron “por su propia iniciativa y sin imposición de la Administración contratante”. Y sigue, que esta sí que es buena: porque ve indicios de “voluntad maliciosa” por parte de la adjudicataria. Del rejón de los juristas tampoco se libra Obras Públicas. 

Una chapuza tras otra que ha convertido Belate más que en un túnel en un agujero negro. El hedor de esta obra viene desde el proceso de adjudicación de las mismas, con Servinabar de por medio... y lo que ha seguido y seguirá. Dice el refranero que lo que mal empieza mal acaba. De momento, con Belate, está clara la primera parte. Lo que preocupa a los ciudadanos es qué carajo va a pasar ahora con unas obras que de momento han movido más informes que excavadoras.