La terrible crisis migratoria que soporta Ceuta desde el pasado 30 de julio ha desnudado con crudeza el marco de respuesta de nuestro país ante lo que el propio presidente Pedro Sánchez calificó como “un ataque a la integridad territorial de España”. Además de retratar la exasperantemente lenta y deficiente actuación de un Ejecutivo incapaz de responder con la firmeza que la situación requería desde el inicio del asalto. Los ciudadanos esperan respuestas, más allá de un Gobierno que se enroca en la complejidad de los hechos como si no estuviera en su tejado la capacidad de adoptar y consensuar las medidas necesarias para una crisis de tal envergadura. 

Cuatro semanas después de la entrada ilegal de 80.000 personas procedentes de Marruecos, se estima que todavía más de 5.000 siguen en territorio nacional. El paso del tiempo y la falta de resolución han provocado en los ceutíes una lógica sensación de abandono a su suerte, lo que abona el terreno para una peligrosa escalada de tensión social en la zona, con conatos de enfrentamientos entre vecinos y migrantes, que urge contener. 

El rechazo a la violencia debe ser categórico desde todos los ámbitos. Pero precisamente porque la situación se torna insostenible, es perentorio que el Gobierno acelere en una respuesta que hasta el momento resulta tan insatisfactoria como inaceptable. Y a la que en nada contribuye la puesta en escena y las declaraciones de los ministros que están desfilando por el Congreso de los Diputados. 

La falta de autocrítica, las discrepancias propias, los ataques permanentes a la oposición y la tibieza a la hora de señalar a Marruecos solo sirven para encrespar unos ánimos ya de por sí caldeados después de que el Ejecutivo, con Sánchez a la cabeza, haya necesitado casi un mes para tomar las riendas con la entrada en vigor del mando único. Es preciso dar respuesta firme a esta agresión diplomática, reforzar urgentemente los controles y la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la ciudad y buscar apoyo en los socios europeos.