Cristina Ibarrola ejercía la alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona, Bildu presentaba una “Declaración para el abordaje urgente de la grave situación en la que se encuentran las personas sin hogar” instando al Ayuntamiento “a no entrar en un debate estéril de competencias, sino a trabajar coordinadamente en una mesa de trabajo estable y con la discreción que requiere la situación con Gobierno de Navarra, buscando soluciones integrales”. Dos años después, y con Bildu gobernando Pamplona, más de 200 personas dormían en la calle en pleno invierno. 

Después de once años de gobierno de “pogreso”, el PSN-PSOE planteaba en el Parlamento de Navarra “limitar dinámicas especulativas en zonas tensionadas de Navarra y movilizar vivienda infrautilizada para reforzar la oferta social”. Chivite, junto a la incompetente Consejera de Vivienda, volvía a impulsar una nueva regulación, otra más, sobre el alquiler de habitaciones y los contratos de temporada en Navarra pese al fuerte encarecimiento de la vivienda y a las críticas al modelo intervencionista aplicado en los últimos años.

La nueva propuesta insiste en el control de precios y contratos en lugar de abordar otros factores como la falta de oferta, la rigidez urbanística, la burocracia o la inseguridad jurídica para propietarios. El sector inmobiliario y distintos expertos han advertido de que los topes y la inseguridad normativa pueden desincentivar a los propietarios. Muchos optan por vender, alquilar por temporada, dejar viviendas vacías o destinarlas a otros usos. Y un mes después de la nueva propuesta del PSN-PSOE, Bildu desempolvaba su pancarta celebrando un acto político sobre vivienda en el que diferentes cargos electos de la coalición analizaban la situación del acceso a la vivienda en Navarra y presentaban una batería de propuestas con horizonte a cinco años. Bildu reclama “políticas de vivienda más valientes y con mayor ambición” y, a pesar de llevar diez años influyendo en los Presupuestos Generales de Navarra, sitúan a su formación como garante de ese nuevo rumbo.

Más. Según una información de este periódico, el reconocimiento de incapacidades permanentes en Navarra ha caído a mínimos históricos. La explicación, o parte de ella, puede estar en la ralentización que, según expertos en derecho laboral, existe en los procesos de incapacitación. Toda la valoración del trabajador, hasta el dictamen final, se alarga en el tiempo más de lo que venía siendo habitual por encima incluso de los plazos legales. El 76% de los afectados espera más tiempo del fijado por la normativa, espera que frena el acceso a derechos y prestaciones esenciales. Y huelga hablar de las escandalosas listas de espera en el Servicio Navarro de Salud. En el mes de julio, 64.235 pacientes estaban pendientes de una primera consulta con el especialista y 10.234 esperaban una intervención quirúrgica. Ha habido personas que han fallecido esperando la valoración de su incapacidad y esperando una intervención quirúrgica.

Y mientras el contribuyente navarro sufre el deterioro de todos los servicios públicos, llega la crisis de Ceuta y el Gobierno de Navarra, el más social del mundo mundial según su discurso, se pone al frente de la pancarta ofreciendo su disposición a participar en la acogida de menores no acompañados. Navarra tiene 187 menores migrantes acogidos de las 223 plazas disponibles. Según un “Informe de Inspección Ordinaria” del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, en Gorraiz (Valle de Egüés) se encuentra un “Centro Residencial Especializado” de atención a menas. A 5 de diciembre de 2025, el centro contaba con seis plazas autorizadas ocupadas por tres chicas y tres chicos de edades comprendidas entre los 16 y 17 años.

El centro se ubica en una vivienda unifamiliar distribuida en sótano y tres plantas: baja, primera y segunda (buhardilla), contando con un jardín exterior vallado con piscina. Las habitaciones se distribuyen entre la primera y la segunda plantas. En la primera planta se encuentran 4 habitaciones (una de ellas cuenta con baño completo propio), y en el pasillo hay dos baños completos para uso general. En el centro trabajan una Coordinadora, una Trabajadora Social, una Educadora (Tutora), una Auxiliar educativa, un profesional de seguridad y también cuentan con una “figura psicológica”. ¡Las mismas ratios que en la educación pública y concertada, vamos!

Sigo. El Centro también cuenta con línea telefónica fija, wifi, un dispositivo móvil y tres ordenadores portátiles para el equipo técnico y educativo; una tablet, un ordenador portátil y un teléfono comodín para uso excepcional y siempre para usar en la casa (llamadas a país de origen, por ejemplo), para los chavales. A cada menor, al ingreso, si no cuenta con teléfono móvil, se les asigna uno, y cuenta además con acceso a plataformas, como por ejemplo Netflix, y consolas de videojuegos. De lunes a domingo se suministran comidas y cenas al centro en tuppers herméticos, y también alimentos para almuerzos y meriendas, pudiéndose personalizar desayunos atendiendo al gusto de los residentes. Este servicio nos cuesta la friolera de más de 6.000 € al mes por persona (¿cuánto cobra un médico?). Cuando esos menas cumplan 18 años, ¿qué tiene previsto este Gobierno tan social?, ¿alojarlos en El Palacio del Marqués de Rozalejo?

¿Atención a los menores extranjeros no acompañados (menas)? Por supuesto. ¿Prioridad nacional frente a los extranjeros? No. Sólo iguálamelo.

Chon Latienda Urroz es comentarista política.