En tres días, Colombia ha pasado de asistir con expectación al relevo en la presidencia a sufrir el peor terremoto del siglo. El nuevo mandatario, Abelardo de la Espriella, tomó posesión del cargo en Cali, tercera ciudad del país y ahora uno de los principales escenarios de la enorme destrucción causada por el seísmo de 7,4 grados que sorprendió todavía en casa a la mayoría de los habitantes de las provincias occidentales. 

En la capital de Valle del Cauca, Pereira o Manizales se contabilizaban anoche al menos 240 fallecidos y cientos de heridos, además de una cifra de desaparecidos difícil de concretar en la que, según el Ministerio de Exteriores, figuran 164 españoles. Los territorios más afectados ofrecen un paisaje de miles de casas derruidas o inhabitables y vecinos que viven y duermen a la intemperie porque ya no tienen hogar o temen las réplicas. Los equipos de rescate y los voluntarios se afanan en localizar a supervivientes en estas primeras 72 horas vitales. 

Las tareas se ven dificultadas por los graves daños en carreteras y comunicaciones. El comienzo de la recuperación exige el restablecimiento de los servicios de energía y agua, proveer de refugio y alimento a los que lo han perdido todo y asegurar infraestructuras como hospitales y colegios. Siete aeropuertos permanecen cerrados a los vuelos comerciales como efecto de un temblor ocurrido a más de 100 kilómetros de profundidad. Con ser terrible, la cifra de víctimas se habría multiplicado si, como sucedió en junio en Venezuela, el seísmo hubiera sido superficial y doble. 

La solidaridad internacional fluye hacia los lugares más castigados, con EE.UU, el gran aliado del nuevo presidente, a la cabeza, y también desde naciones vecinas y la UE. Abelardo de la Espriella desplazó del poder por estrecho margen al único Gobierno de izquierda de la historia del país, con la promesa de ofrecer a los ciudadanos “resultados concretos”. Además de la batalla por la seguridad contra narcotraficantes y guerrillas, su programa económico se basa en la austeridad y en reducir en un 40% el gasto público, todo un reto ante una tragedia de esta magnitud.