A los crímenes machistas les cuesta cada vez más captar la atención de la sociedad. Como máximo, provocan un estremecimiento pasajero, incluso cuando se suceden en una explosión de violencia. Las dos semanas que median entre el 21 de julio y el 5 de agosto registraron en España el asesinato de seis mujeres por sus parejas o excompañeros. 

La primera de esas jornadas ya había sido particularmente trágica, con tres víctimas, y desde ayer engrosa la lista Melinda, la mujer húngara que había mantenido una relación con un hombre de la misma nacionalidad con el que, seis años después, compartía piso y que acabó con su vida. Solo la confesión del criminal permite inscribirla en una lista oficial de 36 fallecidas, a la que el miércoles se sumaron Laura y Gloria. 

El repunte estival de la violencia de género se repite un año más. Una circunstancia que en modo alguno puede contribuir a normalizar un ataque contra la vida y la libertad de las mujeres, aunque subraya el aislamiento de las víctimas por pasar un tiempo alejadas de su entorno de seguridad familiar o laboral. Pero es un momento tan fatídico como cualquier otro en el que “el maltratador mata porque no puede seguir maltratando”. Son palabras de la fiscal coordinadora contra este tipo de violencia, que muestra su frustración por la tremenda cifra de asesinadas. 

“El acto de matar nunca es el primero de violencia, es el último”, subraya María Eugenia Prendes, que anima a las afectadas a denunciar. Porque no es el hecho de acudir a la policía o al juzgado lo que las pone el riesgo de muerte, sino la decisión previa de romper con un infierno. La justicia debe responder a la confianza de las víctimas con medidas de protección eficaces. 

Lo que significa, por ejemplo, que si el criminal se salta una orden de alejamiento tenga que pagar un precio. La atención ha de extenderse a los 26 menores que se han quedado este año sin padres y que merecen la tramitación inmediata de las ayudas y recursos que les concede la ley.