Los frentes judiciales en torno al Partido Socialista siguen sacudiendo la actualidad y se cuelan en el comienzo de las vacaciones del presidente Pedro Sánchez y su familia en la residencia de La Mareta en Lanzarote. En medio de la gravísima crisis migratoria de Ceuta, que ha ocasionado además que los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) se reúnan de urgencia mañana para abordar el asunto, se conocía que el juez Pedraz de la Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada para reconstruir el recorrido de los supuestos fondos procedentes del PSOE que pudieron destinarse a financiar las actividades de las “cloacas” de Ferraz. La presunta red coordinada por la ex militante Leire Díez para entorpecer las investigaciones sobre presunta corrupción en el Gobierno, en el Partido Socialista y el entorno de Pedro Sánchez. 

El juez autoriza a la UCO de la Guardia Civil a examinar nada menos que 81 cuentas bancarias vinculadas al partido, a varios investigados y a sociedades relacionadas con ellos. Que las sospechas terminen de cristalizar o no lo determinarán las investigaciones y la justicia. Pero el cerco judicial sobre el Partido Socialista y el Gobierno no deja de crecer en una legislatura empantanada. Es evidente que el descanso estival de este año se antoja menos placentero para Pedro Sánchez, por más que en su último balance pretendiera mostrar la robustez de acción de un Ejecutivo que para nada se corresponde con el devenir de la legislatura. Fue una versión tan airosa de la políticas desplegadas en sus años de gobierno, sin rastro de autocrítica y con celebración de la inefable ley de amnistía incluso, que la inevitable sensación que queda es que Sánchez va sembrando el terreno para una larga campaña preelectoral desde septiembre. Un tiempo en el que es esperable, para desgracia ciudadana, que prime más la confrontación partidista que las necesarias propuestas políticas. El ruido no cesa. Pero tampoco la labor de los jueces y los investigadores que está por ver cómo acaba y hasta dónde alcanza.