Después de superar la fase aguda de la crisis migratoria en Ceuta, debería llegar el momento del análisis riguroso para conocer con datos cómo pudo producirse un nuevo cruce masivo en la frontera sur de España y de Europa, después del precedente de 2021; qué papel jugó Marruecos en la multitudinaria incursión que, en su inmensa mayoría, protagonizaron nacionales del país vecino; si no hubo manera de prever un riesgo para la seguridad de tal magnitud; y, sobre todo, qué medidas se van a adoptar para evitar que se repita. Los choques políticos acompañaron el desarrollo de la crisis, y su prolongación convierte en bronca el inevitable debate. La satisfacción mostrada por el ministro del Interior por “haber revertido la situación en poco más de 24 horas” topa con las objeciones del presidente del PP. Alberto Núñez Feijóo no cree que “todos los servicios de información fallaran”, por lo que pregunta si el Gobierno estaba alertado “desde hacía días” de la amenaza en la frontera ceutí. 

Fernando Grande-Marlaska desmiente de forma rotunda que el CNI dispusiera de algún informe, lo que no exime al Ejecutivo de dar explicaciones sobre la falta de anticipación. A la estridente reacción de algunos socios de España en la Unión Europea ante las impresionantes imágenes que llegaban de Ceuta respondió Pedro Sánchez con reproches de “egoísmo”. Sobras las reacciones extemporáneas y urgen soluciones firmes. El presidente del Gobierno y 22 de los 27 países del bloque comunitario coincidieron en reclamar por carta a los dirigentes europeos el consejo extraordinario de ministros de Interior que se celebrará el martes. Una iniciativa que debió partir de Bruselas para maquillar siquiera una desorientación en la que brotan reacciones tan hostiles como la de Giorgia Meloni. Ursula von der Leyen pidió ayer “una respuesta europea unida” para compartir la responsabilidad del combate contra la inmigración irregular, evitar la pérdida de decenas de vidas que lamentó el Rey y devolver la seguridad a los ceutíes.