Las imágenes de miles de jóvenes que se lanzan al mar o bordean el espigón del Tarajal para acceder irregularmente a Ceuta, a territorio español y de la Unión Europea, proporcionan la dimensión del nuevo estallido en una frontera insuficientemente custodiada para afrontar esos momentos en los que Marruecos, simplemente, deja hacer. Las autoridades del país vecino no solo permiten el paso de la marea humana, sino que son conscientes de los cientos de personas que aguardan para hacer lo propio. Miles de personas habrían cruzado de este modo a la ciudad autónoma en la última semana. A las puertas de agosto, el consentimiento marroquí a esta aventura en la que sus ciudadanos se juegan la vida encuentra al Gobierno de Pedro Sánchez con la guardia baja, tal vez porque se sentía a resguardo después de respaldar la posición de Rabat sobre el Sáhara Occidental. 

La contemporización no protege de los caprichos o la agenda oculta de Mohamed VI. En 2021, Marruecos desatendió su frontera en protesta por la hospitalización en nuestro país del líder polisario Brahim Ghali. Ahora la indolencia se produce diez días después del viaje de Sánchez a Argelia. Los ministerios de Exteriores e Interior prefieren desvincular el cruce masivo de cualquier arista política o diplomática y se apresuran a anunciar medidas para reforzar una cooperación que, a la vez, consideran inmejorable. En sintonía con Rabat, Madrid responsabiliza a “mafias criminales”. Hace tiempo que también la inmigración es terreno de bronca política. De declaraciones hiperventiladas que compiten en denominar “avalancha” o “invasión” a lo que supone un desafío humanitario para Ceuta, con su centro de estancia temporal desbordado. El refuerzo de la dotación de la Guardia Civil y el apoyo del ejército deben contribuir a calmar la inquietud de la ciudad, que hoy recibe la visita del presidente Sánchez y el ministro Grande-Marlaska. El Gobierno, con el respaldo de Bruselas, confía en que Marruecos recibirá de vuelta a los que entraron ilegalmente.