La aprobación por el Congreso de la nueva ley de dependencia y discapacidad y del decreto por el que el Estado inyectará 6.200 millones al sistema de cuidados para desatascarlo y hacerlo sostenible constituye un hito no solo por la materia en sí, sino por el consenso que la iniciativa ha cosechado en torno a uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Que el PP se abstuviera en la norma y votara a favor del decreto y que Sumar se congratule del gesto inocula un hilo de esperanza sobre la posibilidad de forjar entendimientos de Estado en este ambiente políticamente tan envenenado.

 La acertada equiparación de los cuidados con la sanidad, la educación y las pensiones como grandes pilares de nuestro sistema de convivencia precisa de un aliento presupuestario sostenido, de un blindaje efectivo ante las crisis financieras y de una colaboración activa y leal entre la Administración central y las comunidades.