El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pone sordina a la algarabía con que el Gobierno de Pedro Sánchez interpreta los datos sobre la evolución de la economía y, en particular, los que tienen que ver con los sucesivos récords en las afiliaciones a la Seguridad Social. Nunca tantos españoles habían nutrido tanto el mercado laboral. Y no se trata solo de una evidencia estadística: es un motivo de alivio colectivo por lo que tener un trabajo representa en términos de acceso al bienestar y a la socialización. Sin olvidar que, desafortunadamente, todavía son muchas las personas que llenan la lista de las que llevan más tiempo del deseado en búsqueda de un empleo. La OCDE desnuda el reverso de las cifras más boyantes. La otra cara de una pujanza laboral que se traduce en el mar de fondo de un malestar social al constatar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente a una inflación que no da tregua, tras desafíos históricos encadenados como la pandemia, la invasión rusa de Ucrania o la guerra en Irán. 

Las mayores ganancias, cuando se producen, se pierden porque los ciudadanos tienen que pagar más por las mismas cosas, lo que, evidentemente, se traduce en un recorte en su capacidad de compra, que ya viene siendo castigada considerablemente en los últimos años. En términos genéricos es mejor atesorar un contrato que no, obviamente, pero cunde una frustración entre quienes sufren dificultades para llenar la cesta de la compra, pagar su vivienda o echar gasolina que el Ejecutivo no debería minusvalorar. Como tampoco debe hacerlo con una temporalidad no corregida lo bastante como para aligerar más las incertidumbres en el empleo. No se trata, ni mucho menos, de negar la evidencia de la buena posición de nuestro país respecto al crecimiento económico en comparación con el resto de grandes potencias europeas. Pero tampoco de no insistir en que los salarios reales en España están por debajo de los previos a la pandemia. Y el impacto no es menor.