El riesgo que conllevan los continuos sobresaltos que sacuden la actualidad política y judicial que acechan al Gobierno de Sánchez y al Partido Socialista es que los ciudadanos terminen por dar carta de normalidad a hechos absolutamente excepcionales. El penúltimo episodio es el que se conoció ayer, con la imputación por parte del juez Pedraz de la Audiencia Nacional de la directora general de la Guardia Civil y del director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, dentro del llamado caso Leire. El magistrado ha citado a declarar a ambos por presuntos delitos de prevaricación y contra la Administración de Justicia en relación a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO de la propia Guardia Civil por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y al entorno del presidente, y por presuntas presiones a los agentes que los investigaban. Unos hechos de extrema gravedad los que apuntan a ambos imputados, y que ahora será la Justicia la que tenga que determinar las consecuencias si las hubiera. 

Como cabía esperar viendo cómo se conduce este Gobierno, el ministro del Interior, Grande-Marlaska, afirmó que mantiene su confianza en la directora general de la Guardia Civil y en el DAO del cuerpo, que seguirán ejerciendo sus funciones. Una cosa es defender la presunción de inocencia, como corresponde, y otra muy distinta es desdeñar el daño que puede infligir a la imagen del cuerpo desde ya, de manera tan injusta como innecesaria, que su directora general esté bajo la lupa de los tribunales como investigada. De lo que no cabe ninguna duda es de la ejemplaridad y el excelente hacer de la UCO, antes y ahora. Ni se pusieron de perfil ni dejaron de ser proactivos, como, según declararon, les habría pedido el hoy imputado DAO. Sus investigaciones y su minuciosa labor ha permitido que se conozcan los casos que ahora cercan al PSOE  y al Gobierno. Y los intentos por hostigar y desacreditar a los agentes, de terminar por demostrarse, no pueden quedar sin castigo.