No es 9 de noviembre ni huele a violetas, pero por cortesía del presidente José Luis Rodríguez Zapatero volvemos a tener encima de la mesa el viejo asunto recurrente, casi estacional, de qué hacer con los jarrones chinos, expresión que utilizaba el también presidente Felipe González para referirse a la figura de los expresidentes. Si todos coincidimos en que su experiencia aporta valor -una de las dudas a resolver sería si lo es a perpetuidad o no-, la siguiente pregunta que toca formularse es qué hacemos, entonces, con ellos o dónde los “colocamos” para que no estorben y luzcan. O, mejor aún, “nos” luzcan a todos. Porque no, no se trata de asegurar su provecho personal, cuestión que parece harto garantizada, sino del rédito que puedan proporcionar a los intereses del país. Estos mismos interrogantes y otros tantos me los planteaba hace casi 20 años cuando en la elaboración del trabajo para conseguir la suficiencia investigadora escribía sobre la figura de los expresidentes. 

El interés que los últimos acontecimientos ha suscitado en los medios y el hecho de que alguno de ellos haya querido recabar mi opinión sobre el particular, me ha obligado a desempolvar ese trabajo publicado en 2008 por el propio Boletín Oficial del Estado. Aunque cualquier jurista sabe que hoy en día no hay norma que resista apenas una legislatura, sorprendentemente esta ha sobrevivido ilesa a cualquier avatar desde 1992. Y si aplicamos la técnica del carbono-14, podemos hasta encontrar reminiscencias todavía hoy en vigor de este régimen en la propia Ley de presupuestos de 1980. En total, 46 años sin apenas cambios para unas reglas que deciden parte del futuro de cuatro personas que rigieron los designios de nuestro país. Pocas normas han permanecido tan inmutables en una sociedad tan cambiante, que ahora se despierta convulsa con esta polémica. Una norma con un alcance subjetivo cuantitativamente reducidísimo, pero, por el contrario, con una onda expansiva brutal como demuestran los últimos acontecimientos. 

Ningún gobierno pensó que fuera necesario retocar este régimen hasta la fecha, quizá movidos por el hecho de que tanto unos como otros se beneficiarían de él en algún momento. Lo cierto es que los interrogantes que ya se planteaban entonces siguen siendo los mismos que ahora están encima de la mesa, lo que dice poco, muy poco, de nuestra capacidad para resolverlos o de nuestra voluntad de hacerlo. El fin de recompensar los servicios prestados a los ex presidentes quizá debería tener efectos más limitados en el tiempo y no parece que la finalidad de garantizar su subsistencia, una vez abandonado el cargo, sea hoy por hoy una necesidad acuciante más allá de facilitar el regreso a la vida anterior, si es que en algún momento alguno de ellos se lo plantea. La revisión de los fundamentos del sistema no debería entorpecer la decisión sobre algunas cuestiones no bien resueltas como, por ejemplo, la justificación de las pensiones vitalicias que empiezan a percibir a la edad de jubilación y su compatibilidad con otras prestaciones e ingresos económicos. ¿Alguien cree que cualquiera de los expresidentes vivos necesita esa percepción, que ronda actualmente los 80.000 euros anuales, transcurrida más de una década desde que cesaron en sus cargos? 

Recordemos que Felipe González dejó de ser presidente cuando contaba con 54 años, y José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero cuando cumplían 51 años. Ojo, no estamos hablando del cobro de pensiones de jubilación stricto sensu, derecho que nadie niega cumplidos los tiempos de cotización que la ley exige, sino de un verdadero sueldo que al cabo de tantos años apenas nadie sería capaz de rememorar a cuenta de qué o por qué debería percibirse. Conviene no olvidar que ya al cese los ex presidentes pudieron percibir durante dos años el 80% de su sueldo. Hay una falta de transparencia galopante sobre estos conceptos a pesar de su necesaria previsión presupuestaria. ¿Por qué no se publican en el portal de transparencia esas cantidades para que cualquiera pueda conocerlas sin necesidad de tener que escudriñar en el laberíntico presupuesto? ¿O por qué no se conoce el nombre de las personas que desempeñan los puestos nivel 30 que trabajan como asistentes de los ex presidentes? De los funcionarios en activo que ocupan puestos de ese rango podemos conocer ese dato fácilmente. ¿Y el coste de los viajes que realizan y que corren a cargo del presupuesto público? Si existieran códigos de conducta claros que limitasen determinadas actividades o sobre las que debiera existir mayor luz y conocimiento público, sería más difícil llegar a situaciones tan comprometidas como las que vivimos actualmente. Ese trasiego incesante de contactos, de intercambios de información, de favores disfrazados de mera cortesía son, indudablemente, una fuente clara de conflictos de interés a los que hay que “meter mano” sin más tardar. 

Joaquín Meseguer Yebra. Experto en transparencia y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación