A pesar de que alguno ha pretendido colgarse la medalla, fue el 16/1/24 cuando este periódico sacaba a la luz la primera noticia sobre la adjudicación de las obras de los túneles de Belate. El titular decía: “Polémica en la adjudicación de los túneles de Belate: dos letrados y el interventor ven indicios de arbitrariedad”. A renglón seguido de esa noticia, UPN pedía en el Parlamento la comparecencia del Consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, para que explicara el proceso seguido en la adjudicación, comparecencia que tuvo lugar el 8 de marzo y que estuvo cargada de mentiras y ocultaciones. El 18 de marzo, el secretario de la Mesa de Contratación enviaba a la Comisión de Cohesión Territorial del Parlamento un extenso escrito en el que pormenorizaba todo lo acontecido en esa Mesa, y, a su vez, presentaba una denuncia ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.

Y saltó el “caso Koldo/Ábalos”. La investigación de ese caso derivó en el “caso Cerdán” como una pieza clave en la presunta trama de adjudicaciones irregulares y cobro de comisiones ilegales vinculadas al Ministerio de Transportes. Y en el marco de esas investigaciones, y quién sabe si de otras, la UCO registraba el domicilio y la empresa de Antxon Alonso, propietario de Servinabar, empresa de medio pelo que había concurrido, en UTE con Acciona, a diversos concursos públicos de obras convocados por el Gobierno de Navarra siendo adjudicataria de las obras de acondicionamiento de las oficinas del Navarra Arena, de la rehabilitación del Archivo General de Navarra, de dos contratos de construcción de viviendas de VPO, y de las obras de desdoblamiento del túnel de Belate. En ese registro se encontró un documento privado de compra-venta del 45 % de las acciones de Servinabar por parte de Santos Cerdán, el gran cerebro del PSOE.

Y con toda esa vorágine de casos abiertos, el día 26/6/25 el pleno del Parlamento rechazaba la creación de una “comisión de investigación parlamentaria sobre las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno de Navarra, otras entidades o terceras personas si las hubiera, en el proceso de licitación y adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate” presentada por el PP y Grupo Mixto. Los grupos que conforman el gobierno de “pogreso” eludieron centrar las investigaciones en el proceso de adjudicación de las obras de Belate. Había que desviar el foco y extender la investigación a cuatro legislaturas, por lo que se acordaba la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre las licitaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra en el periodo comprendido en las cuatro últimas legislaturas.

Lástima que no hubieran ampliado el período hasta las legislaturas del socialista Urralburu, nos habríamos divertido mucho. A lo que iba. La Comisión de Investigación echaba a andar el 14/10/25 con la comparecencia del presidente de la Mesa de Contratación de Belate, Jesús Polo Soriano, un tipo imprescindible para el gobierno socialista de Chivite a tenor de la prolongación de la su vida laboral más allá de los 70 años, y pieza clave en la adjudicación de esa obra. El rosario de comparecencias en esa Comisión, incluida la de la Directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, desvelaba la existencia de numerosas irregularidades en los procesos de adjudicación de obras a la UTE AccionaServinabar. “Irregularidad”, término que han estado utilizando como si fuera un tema menor y como si un acto administrativo irregular no dejara de ser un hecho que no cumple con los requisitos legales establecidos para su validez. Sigo. Cabe recordar que en Servinabar y empresas vinculadas trabajaron parte de la familia de Cerdán (esposa, hermana y cuñado), y también trabajó la pareja de Alzórriz, parlamentario que acompañó a Antxon Alonso a una reunión con el vicepresidente Félix Taberna y que, según el exdirector general de Obras Públicas, “acudía con cierta frecuencia a la sede de Cohesión Territorial”.

Alzórriz, condenado al más puro ostracismo después de dimitir como vicesecretario general del PSN-PSOE y portavoz parlamentario al perder la confianza de la Presidenta, acaba de dar señales de vida para darnos una clase de derecho parvulario después de conocerse la inadmisión de la querella interpuesta por Vox por delitos de cohecho y tráfico de influencias en relación a las obras de su piso. “Mientras no haya pruebas, mientras no se aporten indicios claros, toda persona es inocente”, ha dicho y, efectivamente, así es, aunque algunos siguen proclamándose inocentes a pesar de las pruebas incriminatorias. Que no se confíe Alzórriz con la inadmisión de esa querella, no sea que los indicios los haya aportado él mismo al presentar una segunda solicitud de licencia de obras después de la denuncia de Vox y varios meses después de haber terminado esas obras y haber celebrado una fiestuki de “inauguración” en su piso.

Y a pesar de todo lo que ha trascendido, el bloque de “pogreso” del Parlamento ha concluido que la Comisión de Investigación no ha acreditado corrupción. Igual es que los miembros de esa Comisión esperaban que alguno de los comparecientes confesara que recibió una directriz política para adjudicar obras a la UTE Acciona-Servinabar, o esperaba que alguno dijera que le regalaron un collar de esmeraldas a cambio de cometer lo que ellos han denominado “irregularidades”. El parlamentario del PSN Lecumberri ha hecho la reflexión más profunda y más sesuda: “Si ha pasado solo el 10% de lo que dicen que ha pasado, ¿cómo es posible que no tengamos ni una sola obra en un juzgado?”. Ya lo dijo Elma Saiz en una alusión al hoy imputado Rodríguez Zapatero: “cuando habla, acaricia nuestra inteligencia”. La de los socialistas. Pues eso.

Chon Latienda Urroz es comentarista política.