Editorial
Regreso de terroristas a prisión
El rechazo por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la excarcelación de ‘Anboto’, exjefa de la banda terrorista ETA, reclama a PSOE y PP una reflexión sobre el artículo 100.2

Publicado el 23/04/2026 a las 05:00
Las excarcelaciones de Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, el 24 de marzo, y Juan Ramón Carasatorre el 2 de enero no debieron producirse. La decisión del juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional de revocar la concesión por el Gobierno vasco de la semilibertad a la exjefa de ETA y al condenado por el asesinato de Gregorio Ordóñez cuestiona la aplicación por el Departamento de Justicia del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a ambos reclusos. Se trata de una resolución recurrible, que en lo inmediato supone su retorno a prisión, donde permanecerán en segundo grado.
Sobre Iparraguirre, el juez José Luis de Castro recuerda la gravedad de los delitos por los que fue condenada, acumulados en una pena de 30 años. No completará las tres cuartas partes hasta el próximo marzo y su licenciamiento definitivo sólo llegará en septiembre de 2034. Flexibilizar su régimen de cumplimiento, añade el magistrado, exige una justificación individualizada motivada en el proceso de reinserción social. En este punto, subraya que la reclusa no ha disfrutado de permiso alguno, lo que impide valorar su evolución.
En lo que respecta a Carasatorre, Vigilancia Penitenciaria censura que la medida excepcional que relaja su encarcelamiento fue decidida “unilateralmente por el centro directivo” de la cárcel. La resolución representa un respaldo a las críticas de asociaciones de víctimas del terrorismo al uso del artículo 100.2 como una suerte de ‘atajo hacia la semilibertad’; esta vía impide el recurso de la Fiscalía, que sólo puede hacerse oír mediante un escrito que no paraliza la salida a la calle de los beneficiarios.
Tanto el partido en el Gobierno central como el que lidera la oposición son destinatarios del llamamiento del juez a reflexionar sobre la disposición que permite excarcelaciones anticipadas sin control judicial previo. La aplicación del 100.2 a ‘Anboto’ y Carasatorre ocasiona “desasosiego innecesario en las víctimas y ciudadanía” y “falsas expectativas” en los presos. Consideraciones que PSOE y PP deben tener en cuenta antes de enzarzarse en su enésimo enfrentamiento.