Siguen nuestros gobernantes municipales de Pamplona haciendo de las suyas. Ahora con una nueva ordenanza de acceso a las viviendas municipales, dicen que 600 (todas ellas habitadas en la actualidad). ¿En qué consiste? Básicamente, en un farragoso reglamento que categoriza a personas y familias para que unos funcionarios especializados pongan todo en riguroso orden y asignen las viviendas municipales, que también deberán ser clasificadas y ordenadas rigurosamente, a quien corresponda.

Una vez clasificadas (viviendas, personas y familias) y asignadas, se pondrá el cronómetro en marcha. Se controlará su ocupación y alternancia, con un seguimiento funcionarial que seguirá cribando y recolocando en función de la estabilidad de las situaciones familiares y personales. También su evolución, adaptación y superación de sus situaciones de vulnerabilidad, y su ruta a la inserción social o incorporación al mercado de trabajo y a la integración social.

Se supone que también se estará atento a que esas situaciones de vulnerabilidad social no se cronifiquen, en función de los bajos sueldos imperantes, los altos impuestos y la menguante productividad, situación a la que nos está llevando esta década de gobierno de progreso, más empeñado en repartir la miseria que en crear riqueza.

Esta situación ha hecho ya que muchos de los beneficiarios de las viviendas municipales, a día de hoy, bajo la actual ordenanza de emergencia habitacional, se conviertan en inquiokupas, algo que seguiría ocurriendo con la nueva y farragosa ordenanza, si no fuera por la genialidad de alguna mente pensante de algún área del Ayuntamiento.

La mágica solución se llama “municipalizar las viviendas municipales”, que el amable lector ya habrá identificado con el título de este artículo.

La primera reacción es pensar en qué necesidad hay de municipalizar algo que ya es de patrimonio municipal. Inmediatamente me viene a la mente versionar el trabalenguas: “las viviendas municipales no están municipalizadas, quién las municipalizará, el municipalizador que las municipalice, buen municipalizador será”.

Pero esto, que parece una perogrullada, realmente es, como he dicho, una genialidad. ¿Por qué? Miren, al municipalizar su uso, este se convierte en una prestación social, por tanto, se cobra una tasa por acceder a ellas. La diferencia es que, a partir de ese momento, los usuarios no pagan un alquiler, sino esa tasa que crean ad hoc. Y esto significa que no son inquilinos sino prestatarios de un servicio social. Y, por lo tanto, pueden ser desalojados sin que ello signifique un desahucio, eludiendo las leyes de vivienda y de arrendamientos urbanos.

Así, nuestros progres próceres se libran de las condiciones leoninas que ellos mismos imponen a todos los propietarios, grandes o pequeños, de viviendas alquiladas, favoreciendo la inquiokupación, y desertificando el mercado del alquiler, del que todos los propietarios que pueden huyen como de la peste, dejando la oferta en mínimos y agravando el problema, como todo el que busca un piso en alquiler sabe sin que nadie le cuente milongas.

Hay que tener la faz de hormigón armado para que con el truco de la “municipalización” el Ayuntamiento de Pamplona se libre del yugo de la Ley de Vivienda, de la de Arrendamientos Urbanos y de las Zonas Tensionadas, yugo que imponen a los demás, pero del que ellos mismos se exoneran. Y que no piensen que esa farragosa categorización de personas, familias y viviendas les va a librar de tener que desahuciar a los beneficiarios (realmente inquilinos) del uso de las 600 viviendas municipales. Cuando se enroquen en la vivienda que ocupan, dejen de pagar (porque no pueden o no quieren) la tasa correspondiente equivalente al alquiler, se mantengan en su situación de vulnerabilidad o no, el señor alcalde tendrá que ir con algún policía municipal a sacarlos a la fuerza, protagonizando desahucios en toda regla, como no es la primera vez que hace, eso sí, sin funcionarios judiciales.

El resultado será que las 600 familias que ya viven en las viviendas municipales pueden ahora irse a la calle por la vía rápida, engrosando, eso sí, la lista de casi 25.000 demandantes de vivienda protegida. Y, mientras tanto, Echavacoiz, Donapea, Sarriguren y la normativa de habitabilidad, la verdadera solución del problema de la vivienda, empantanados en un círculo vicioso de alegaciones, procesos interminables y deficiente gestión. Todo sea por el progreso.

Juan José Echeverría Iriarte. Concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona.