Lo que está ocurriendo con los profesores de religión católica en Navarra no puede calificarse sino como una profunda injusticia. Una vez más, decisiones políticas amenazan el puesto de trabajo de profesionales que llevan años dedicados a la educación con entrega y responsabilidad.

Cuesta entender que, en nombre del progreso, se pueda dejar en la incertidumbre a trabajadores cuya única “falta” parece ser impartir una asignatura que algunos consideran incómoda. La escuela debe ser un espacio de pluralidad, no de exclusión. Respetar la libertad de las familias también significa respetar a los docentes que hacen posible esa elección.

Resulta especialmente preocupante la frialdad con la que se habla de recortes y derogaciones, como si detrás no hubiera personas, familias y trayectorias profesionales difíciles de reconducir a estas alturas de la vida laboral. Gobernar debería ser compatible con la justicia y la humanidad.

La religión católica, guste o no, es la fuente de la cultura europea y el ejemplo de Jesucristo es la inspiración a la generosidad y caridad social, sin la cual los jóvenes tendrán una ausencia preocupante en su educación. Ojalá nuestros responsables rectifiquen y busquen soluciones que no condenen a estos docentes a pagar el precio de intereses políticos. Porque una sociedad verdaderamente justa no abandona a quienes han servido con lealtad a la educación.