En los últimos días, algunos cargos del PSN han realizado manifestaciones públicas sobre los Servicios de Urgencias Rurales, que exigen una respuesta basada en hechos, porque cuando se habla de sanidad pública no es aceptable refugiarse en discursos mientras la realidad va por otro camino. Acusan a UPN de generar alarma y de actuar con deslealtad institucional por informar a la ciudadanía sobre las intenciones del Departamento de Salud, pero se omite un hecho clave que explica perfectamente la preocupación existente: el Gobierno de Navarra ya ha cerrado las Urgencias Rurales de Olite hace quince meses y, a día de hoy, siguen cerradas. Ese cierre no fue ni puntual ni accidental. Fue el resultado de una decisión política sostenida en el tiempo. La presidenta Chivite fue quien, nada más llegar al Gobierno foral y tras prometer en campaña electoral que no lo haría, eliminó el horario nocturno de las urgencias rurales de Olite. 

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También ha sido su Gobierno el que, hace quince meses, terminó de sacrificar definitivamente este punto de atención urgente, suprimiendo el horario de tardes, lo que supuso el cierre total de las urgencias rurales de Olite. No fue un borrador ni una hipótesis, sino una decisión real, adoptada de un día para otro, sin diálogo previo, sin información a los municipios afectados y sin cumplir la Ley Foral 2/2013 que regula la atención continuada y urgente en el medio rural. Por eso, cuando se conoce la existencia de un plan que contempla el cierre de hasta 10 puntos más de atención continuada, informar a la ciudadanía no es alarmismo ni oportunismo político, sino responsabilidad. La verdadera deslealtad no ha sido advertir de ese riesgo, sino cerrar un servicio esencial por sorpresa y al margen de la ley. UPN ha mantenido desde el primer momento una posición pública, clara y coherente en defensa de las urgencias rurales, denunciando el cierre de Olite, exigiendo su reapertura y alertando de cualquier intento de nuevos recortes, tal y como consta en múltiples iniciativas, comunicados y declaraciones públicas. No hay contradicción ni cambio de discurso, hay coherencia y lealtad con la ciudadanía. 

Desde el PSN se insiste en que no hay cierres, que no existen decisiones tomadas y que todo está abierto al diálogo, pero la realidad vuelve a desmentir ese mensaje. Olite sigue cerrado. Mientras no se reabra, resulta imposible sostener que los servicios de urgencias rurales no se cierran. La ciudadanía no vive de documentos internos ni de borradores técnicos, vive de servicios que funcionan o que desaparecen, y cuando un servicio esencial se cierra y no se recupera quince meses después, el mensaje oficial pierde credibilidad. También se habla de poner al paciente en el centro y de una forma distinta de hacer política. Esa “forma distinta” de hacer política es la que ha conseguido que, desde que María Chivite es presidenta del Gobierno de Navarra, la situación de la sanidad pública haya empeorado de manera clara. La lista de espera ha pasado de 38.056 personas que aguardaban una media de 46 días a 60.119 personas que esperan actualmente una media de 75 días. En el caso de las intervenciones quirúrgicas, se ha pasado de 7.292 personas esperando una operación una media de 72 días a 10.861 personas que esperan hoy una media de 96 días. Estos no son relatos ni percepciones, son cifras oficiales que reflejan una realidad preocupante. 

A ello se suma una situación cada vez más visible en los centros de salud, donde las colas a las 7 de la mañana se han convertido en la imagen habitual de las dificultades para conseguir una cita con el médico de familia. Muchos navarros y navarras saben que, si no madrugan o no insisten, no serán atendidos en un plazo razonable. Esta falta de respuesta del sistema público ha tenido otra consecuencia clara: en los últimos diez años se ha disparado la contratación de seguros sanitarios privados en Navarra, y son cada vez más las personas que se ven obligadas a acudir a consultas privadas, porque el sistema sanitario público no responde a sus necesidades en tiempo y forma. Hablar de equidad territorial, de defensa del paciente y de sanidad pública fuerte mientras aumentan las listas de espera, se multiplican las dificultades para acceder al médico de familia y crece la sanidad privada por necesidad no es creíble para la ciudadanía. Defender la sanidad pública no consiste en redactar comunicados ni en acusar a otros de generar ruido político, sino en cumplir la ley, garantizar servicios, reducir listas de espera y asegurar que vivir en un pueblo no suponga tener menos derechos. La lealtad que importa no es la que se proclama a modo de relato, sino la que se demuestra con hechos. Y esa lealtad para UPN solo puede ser una: la lealtad con la ciudadanía navarra. 

Leticia San Martín Rodríguez. Portavoz de Salud de UPN en el Parlamento de Navarra.