El Gobierno nos presenta la regularización masiva de inmigrantes, decidida el pasado martes, como un gesto de humanidad y de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, el momento elegido y la forma en la que se ha tomado la decisión invitan a pensar que las razones son otras muy distintas. Si realmente se tratara de una cuestión humanitaria, cuesta entender por qué no se ha actuado antes. De hecho, en agosto de 2024, el propio presidente del Gobierno defendía públicamente la necesidad de una inmigración ordenada y regulada. Desde entonces, y en realidad durante todo el tiempo que Pedro Sánchez ha ocupado la presidencia, no se ha adoptado ninguna medida. La regularización llega, casualmente, cuando el Ejecutivo necesita recomponer una mayoría parlamentaria cada vez más frágil. Y lo hace, además, ninguneando al Congreso, que no ha participado en una decisión de enorme impacto social, económico y político. 

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Ahora se apela a la humanidad y a los derechos, pero durante años se ha mirado hacia otro lado. Además, se nos dice que serán 500.000, cuando un estudio de Funcas habla de hasta 840.000 inmigrantes los que podrían beneficiarse. Y después sus familias y sus mayores dependientes. Además, los requisitos fijados por el decreto resultan sorprendentemente laxos. En muchos casos bastará con una declaración responsable si no se pueden obtener certificados de antecedentes penales en el plazo exigido. No se pide contrato de trabajo y se promete completar el proceso en apenas tres meses, algo difícil de creer cuando la Administración es incapaz de tramitar una jubilación en ese mismo tiempo.

Tampoco es cierto que la mayoría de los inmigrantes que se pretende regularizar vayan a aportar más de lo que reciben. La baja cualificación de muchísimos de ellos limita su contribución fiscal. El Gobierno lo sabe, pero vuelve a presentar un argumentario interesado. Se ha llegado incluso a afirmar que ayudarán a pagar nuestras pensiones. Otro espejismo. Entre los beneficiarios habrá también cientos de miles de niños y personas mayores que demandarán sanidad, educación y servicios sociales, agravando además el ya crítico problema de la vivienda. No es por humanidad. Es por necesidad política. Y llega tarde para muchos que han tenido que esperar años en un limbo para obtener los papeles y por supuesto con un contrato de trabajo.