Con esto sí que no contaba María Chivite. Un discreto piso en el barrio de San Juan alberga la Oficina Anticorrupción de Navarra, desde la que le han enviado un obús en toda la línea de flotación argumental al Gobierno con sus demoledores informes sobre las obras públicas bajo sospecha. Sin matices y llenos de datos y argumentos. Un fuego “amigo” que ha desquiciado a todo el Ejecutivo y a sus socios, que en vez de darse por aludidos, se revuelven. Y que además se empeñan en lanzar fuegos de artificio para distraer la atención, como si los navarros fuéramos menores de edad.

Informes y respuesta política. Recapitulemos. Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, está en prisión acusado de presunta corrupción por el juez del Supremo que investiga su conexión con Servinabar y Acciona, empresas receptoras de contratos públicos en Navarra y hoy bajo sospecha.

La presidenta Chivite reaccionó a este golpe asegurando que iba a pedir un triple chequeo para ratificar la limpieza de las obras del Gobierno y para que no quedaran dudas. Y ella misma decidió que uno fuera de la Oficina Anticorrupción, un órgano creado por la mayoría gubernamental en su día. Este lunes, la Oficina hizo públicos cuatro informes que aniquilan el discurso oficial. Concluyen que tres de las obras (las de Belate y dos promociones de VPO), adjudicadas a Acciona y Servinabar, debieran ser adjudicaciones nulas de pleno derecho. Casi nada.

¿Cómo reacciona el Gobierno? ¿Asumiendo responsabilidades políticas? ¿Pidiendo perdón? No. Por supuesto que no. Con una estrategia maquiavélica. Arrojándose en tromba en sembrar dudas sobre los informes para desacreditarlos. Minimizando lo que dicen e infravalorando a sus autores. Y se repite constantemente el mensaje a ver si cuela y alguien se lo traga. Un puro insulto a la inteligencia de la ciudadanía. Así actúa un gobierno acorralado ante el espejo de sus contradicciones.

Y además, sembrando dudas políticas sobre la responsable de la Oficina, como ha hecho Geroa aprovechando la metedura de pata de Bildu en el Congreso que dijo que ellos la “controlaban”. Porque sí, la directora se eligió desde el entorno abertzale. Pero ha demostrado hasta hoy que, al margen de las militancias, está trabajando junto a sus técnicos con independencia para consolidar y prestigiar el servicio público que les encomendó el Parlamento.

Un patrón que se repite. Lo más preocupante es que este patrón de pasar por encima de los técnicos empieza a ser cotidiano. Técnicos jurídicos en la mesa de contratación de las obras de Belate a quienes no se hace caso. Interventores que denuncian irregularidades, que sus superiores luego minimizan o que el Gobierno ignora.

Que me recuerdan que no es buena idea crear una sociedad pública para gestionar la construcción de grandes vías, y me lo dicen desde Patrimonio, Intervención e incluso desde la Cámara de Comptos. Pues una pila de informes que van al cajón. Y el Gobierno sigue a lo suyo. O, esta misma semana, Cultura que decide dar luz verde al cambio de Los Caídos, decidido por la mayoría de Asiron en Pamplona, y pasa por encima de la opinión de los técnicos de Patrimonio del propio departamento que se oponen a este derribo parcial.

Credibilidad en juego. Empieza a dar la impresión de que el Gobierno se ha encastillado en defender sus prioridades políticas y que no escucha más voz que la suya. No sólo eso, sino que le molesta que los técnicos le lleven la contraria. Vaya, que sólo está cómodo cuando le dicen lo que él quiere oír. Y si es otra cosa, este criterio pasa a ser una mera opinión poco fundada que toca corregir políticamente. E incluso, si se puede, le cae un chorreo al funcionario por disentir de la doctrina oficial.

Resulta muy peligroso el transitar por esta senda. Flaco favor le está haciendo el tripartito a la credibilidad de la Administración foral con estas prácticas que empiezan a ser cotidianas en las decisiones más políticas. Una cosa es que la decisión final esté en manos de los cargos políticos, y otra, muy distinta, que se ningunee a los técnicos sin el menor sonrojo.

Sorprende además la falta de reacción de los sindicatos de la Administración, tan atentos a cualquier cambio en el detalle de un reglamento y tan laxos a la hora de defender el valor del criterio de unos técnicos que están para eso, para aportar profesionalidad al margen de la política.