Bastante más que irregularidades
La táctica del Gobierno de Navarra de minimizar el informe de Anticorrupción choca con la propia contundencia de lo analizado y con los numerosos ojos que escrutinan el barrizal del ‘Caso Cerdán’
Publicado el 17/09/2025 a las 05:00
Hay tácticas políticas condenadas de antemano a fracasar por mucho que se recurra sin rebozo a la mercadotecnia, al argumentario o al bombardeo de titulares rimbombantes desde la trinchera de los altavoces mediáticos. Y la empleada por el Gobierno de Navarra ante los demoledores informes emitidos por la Oficina Anticorrupción es una de ellas.
De la riada de comparecencias de consejeros de este lunes, tan numerosas como desconcertantes, el Ejecutivo de Chivite ha pasado ahora a tratar obstinadamente de minimizar hasta el ridículo lo recogido en los informes de la OANA. El argumentario lanzado por el PSN desde Sarasate está claro: “Hay irregularidades administrativas, no delitos”. Y eso no es corrupción, claro. Que es la palabra maldita.
Lo repitió este martes el socialismo navarro empezando por la propia presidenta Chivite y terminando por sus cargos. No es algo nuevo ni nada que el sanchismo no lleve perfeccionando meses desde que la legislatura empezó a torcérsele a costa del caso Ábalos-Cerdán. Y el uso descarado de la causa palestina para ahondar en la polarización social no es sino el último y enésimo ejemplo de ello.
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Pero se equivoca María Chivite si cree que la bomba lanzada por Anticorrupción se disipará si se le añade el suficiente humo. O si solicita una miríada de informes. No. Hay demasiados ojos puestos en esas “irregularidades” de la adjudicación de obras a Acciona y Servinabar: la UCO, la Oficina de Buenas Prácticas elegida por el Parlamento, los jueces que investigan la denuncia interpuesta por UPN sobre Belate y, sobre todo, el ciudadano navarro que asiste atónito a este nuevo escándalo de supuesta corrupción que rodea al socialismo navarro.
Anticorrupción no afea que falte un papel, una firma o un plazo incumplido, sino que afirma que “tras analizar el procedimiento, se concluye la nulidad de pleno derecho de la adjudicación” de Belate. Y que Nasuvinsa “ignoró todos los procedimientos de la contratación pública”. Devastador. No es una cuestión de restarle importancia desde el Gobierno, sino más bien al contrario: exige explicaciones y responsabilidades.
