La última sesión plenaria de julio en el Congreso no transcurrió como el Gobierno de Sánchez esperaba. En el orden del día figuraban varios proyectos de ley remitidos por el Senado que fueron aprobados sin más, tras levantar las enmiendas del Partido Popular aprobadas en dicha Cámara. De los citados proyectos, el de mayor relevancia política era el que crea la Agencia Estatal de Salud Pública, pendiente de aprobación desde la pandemia y que tiene por objeto mejorar el sistema nacional de salud. Es el único fruto de la pésima ministra de Sanidad, de Más Madrid, Mónica García.

En el orden del día figuraba también la reforma puntual del reglamento del Congreso, apoyado por el PSOE y Sumar, que tiene como objeto controlar las acreditaciones de los periodistas en el Congreso con el indisimulado propósito de censurar y sancionar a aquellos que no gustan a los capitostes socialistas y demás socios. Un ataque a la libertad de los periodistas. A este paso, estos políticos van a gritar como en el absolutismo fernandino, “vivan las cadenas”, en vez de gritar en favor de la libertad.

Completaban el nutrido orden del día la convalidación de los decretos leyes 6, 7 y 8. Eran importantes los dos primeros, pues el tercero se refería a la ampliación de iniciativas y programas como de excepcional interés público. El Real Decreto-ley 6/2025 se convalidó sin problemas, pues se refería a cierta mejora de la financiación de las CC. AA. y ente locales, muy “tocadas” tras la no presentación de los presupuestos generales del Estado.

La traca final vendría con el Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico . Hizo la presentación la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, una chica bien que no parece socialista, pues ni levanta la voz ni insulta. Quizá con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, son los más presentables del Gobierno actual. Pero Aagesen, ingeniera química de profesión, tuvo la mala suerte de tener que apechugar y convivir con el apagón del 28 de abril pasado liderado por la incompetente Beatriz Corredor (antigua ministra de Vivienda con Zapatero), presidenta de la Red Eléctrica de España (REE), que dejó a España entera apagada.

Fue el gran apagón, y la convalidación de dicho Real Decreto-ley, que trataba de analizar las causas mediante la creación de una comisión y al mismo tiempo tomar medidas sobre regulación del sector eléctrico (flexibilización de plazos de proyectos eólicos, y fotovoltaicos, ayudas...), finalizó como el del 28 de abril.

Es decir, mediante el gran apagón del Congreso en vísperas de vacaciones, tras unas semanas de escándalos, que los socios de Junts, BNG y Podemos aprovecharon para dar un rejón de castigo al Gobierno por causas distintas, en especial por el escándalo de la corrupción que corroe a Sánchez y su gente. El apagón parlamentario dejó al Gobierno varado con 165 votos a favor y y 183 en contra, por lo que fue rechazado el Real Decreto-ley de la luz. Sonaron las alarmas de un Gobierno parlamentariamente en el alambre y pendiente de un suspiro, que dejó, antes de que se echara el telón del entreacto, la incógnita de si el apagón será solo circunstancial o no volverá a levantarse el telón tras el periodo veraniego.

Sánchez, en su descanso veraniego en Lanzarote (como un monarca jordano), tendrá que sopesar si le conviene aguantar o convocar elecciones, a la vista de lo que le informen sus sherpas sobre el convoluto de los Koldo, Cerdán y sus ramificaciones navarras, su mujer Begoña y compañía. No creo que ningún tribunal se arriesgue a empitonarle. Pero tal deshonra sería el escándalo político en lo que va de siglo. Mejor una retirada a tiempo que vivir con vilipendio.

Manuel Pulido Quecedo. Abogado. Doctor en Derecho