La vida política española va de sobresalto en sobresalto. El último, la apertura de juicio oral al hermano del presidente Pedro Sánchez y al presidente del PSOE de Extremadura por un presunto enchufe para crear una plaza a la medida del primero en Badajoz. 

Una denuncia que ha dado un salto cualitativo con esta decisión judicial, a la que le queda todavía mucho por recorrer. Y que, sobre todo, desmonta la teoría de la conspiración política con la que el PSOE se defiende ante los escándalos que convulsionan la legislatura y al partido gobernante.

Jueces que hacen su trabajo. El problema para el PSOE es que el poder judicial funciona. Que los jueces son independientes y no se someten a las directrices del Gobierno. Lo cual es toda una garantía para la democracia, porque los escándalos no deben echar por tierra que el sistema sirve si es capaz de detectarlos y sancionarlos por encima de los intereses políticos.

Y, por supuesto, por mucho que algunos griten, los jueces no entienden de colores políticos. Ahí está la jueza que lleva la investigación de la Dana en Valencia que ha imputado ya de momento a la exconsejera de Emergencias del PP. Y esta semana, un juzgado madrileño imputaba a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid por la gestión de las residencias durante la pandemia de la covid.

Pero también están ahí el juzgado que lleva el caso de la mujer del presidente Sánchez, Begoña Gómez, por si sus actividades profesionales hubieran generado un delito de tráfico de influencias. O el caso contra el fiscal general por revelación de secretos en el caso del fraude a Hacienda del novio de Ayuso. O el Supremo que investiga la presunta red de corrupción alrededor del exministro José Luis Ábalos y Koldo García. Y todos tocan muy de cerca a la Moncloa, sí.

La democracia es un sistema de contrapoderes y ninguno está por encima del resto. Cada cual debe hacer su trabajo. Y esa realidad no le gusta a la cúpula del PSOE y menos todavía a sus socios, desde Podemos EH Bildu y Junts. Es evidente. De ahí los repetidos intentos para desprestigiar a los jueces (minando su credibilidad) que todo el bloque de Gobierno lleva meses agitando y a los que el PSOE se une buscando además sortear por la vía política las decisiones del poder judicial. Ahí está el intento con la ley de amnistía.

La UCO y Cerdán. Así que entre jueces señalados por la política anda el juego y el peligro. Otro caso: el juez del Supremo que investiga el caso Ábalos encargó en su día a la UCO de la Guardia Civil un informe sobre qué pueda haber en los móviles y archivos de Koldo y Aldama que los vincule con Santos Cerdán y otros aforados.

Un informe todavía sin concluir y cuyo contenido no se conoce, pero que ha generado ya no sólo expectación sino una lluvia de informaciones, sobre todo en los digitales madrileños. Es verdad que en algunas de ellas se huele más ganas que realidades contrastadas y hay hasta juicios penales adelantados. Malo. El afán por correr no es buen consejero, tampoco en periodismo. Eso hace que los voceros del PSOE puedan hablar de nuevo de cacería política. Pero eso no sirve de excusa al PSOE para sacudirse esta convulsión.

Las obras públicas. Es verdad que Santos Cerdán es una pieza de caza mayor en la política nacional y, además, el hombre fuerte del partido en Navarra. Pero su nombre está en entredicho porque lo han manejado encausados como Aldama. De momento, sin ninguna prueba y Cerdán niega todas las acusaciones. Son las obras públicas las que aparecen, de nuevo, como epicentro del debate y a ello se añade que hay denuncias de Navarra sobre Belate trasladadas a la UCO. Las de Belate son obras polémicas desde dentro de la adjudicación. Y a ello se añade que una pequeña empresa muy bien relacionada se codea con las grandes en una mezcla que levanta, al menos, muchas suspicacias.

Queda ahora por conocer qué dicen las conversaciones de Cerdán sobre las obras públicas cuando ese personaje tan extravagante llamado Koldo, a quien el propio Cerdán llevó a Madrid desde Navarra, era el asesor todopoderoso del ministro del ramo. Qué dejan traslucir y a quién señalan. Será el momento de hablar de responsabilidades políticas, penales o de la ausencia de ambas. De momento, la investigación está en manos de los especialistas de la Guardia Civil, gente seria y eficaz. Es un buen comienzo.